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Quienes pretendan obtener un amparo para salir del Centro de Ejecución y Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito, ahora podrán hacerlo desde una nueva aplicación para teléfonos celulares que pelea el mercado a los coyotes.
EL UNIVERSAL informó ayer que en los últimos cinco años, pasó de 41% a 62% la cantidad de personas que han recurrido a una suspensión provisional, tras caer en el alcoholímetro.
Las reformas a la Ley de Amparo, realizadas en 2013, incluyen en su artículo tercero la presentación de demandas vía electrónica y abre la posibilidad de recurrir a las apps.
Diego Razo y Erick Rubí, abogados de la Universidad Iberoamericana, de 25 y 24 años de edad, operan Alcoholíbrate, una de al menos dos aplicaciones que ya ofrecen el servicio.
Reconocieron que a pesar de trabajar en despachos jurídicos, la aplicación es punto y aparte. Es su negocio y la prestación que ofrecen está dentro de la ley. “La gente piensa que este servicio es para sacarle la vuelta a la ley o no cumplir con sus responsabilidades. Todo lo contrario: da herramientas jurídicas y es legal”, afirmó Razo.
Uno de ellos, con la experiencia de haber pasado ya por El Torito, a donde fue llevado luego de registrar .41 miligramos de alcohol por litro en aire expirado, forma parte de 4% de ciudadanos que ha ganado el amparo contra la sanción del alcoholímetro. Lo tramitó por su cuenta y no a través de los coyotes. Continuó con el procedimiento y ganó. Ambos aseguraron que “la era digital alcanzó al Derecho”.
“Es como la selección natural de Darwin, ‘el que no se adapta, no sobrevive’. Te tienes que adecuar a la realidad digital, y el Derecho no puede quedar al margen”, reiteran.
Arturo Mancilla, de 21 años, estudiante de Derecho en la UNAM, lanzó Toreado, otra de las aplicaciones que ya ofrece el servicio. Asegura que para él, más que un negocio, la aplicación que puso en operación junto con su padre y su hermano, quienes también son abogados, “es un experimento. “Es llevar por primera vez el Derecho a la tecnología y creo que funciona. Ha servido también como negocio, pero principalmente para ayudar a la gente”.
Los integrantes de ambas aplicaciones rechazaron que busquen competir con los coyotes. “No es querer competir, simplemente es otro servicio”, explicó Diego Razo.
Ambas aplicaciones ofrecen la suspensión provisional por 2 mil 500 pesos y aceptan pago con tarjeta de crédito. Al exterior del Centro de Ejecución de Sanciones o de los Juzgados Cívicos, el trámite oscila entre los 500 y hasta los 6 mil pesos.
