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El arresto en el Centro de Ejecución de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito, por conducir con más de .40 miligramos de alcohol en la sangre, ha dejado de ser inconmutable.
Así lo demuestran las estadísticas de la Consejería Jurídica del Distrito Federal. De 2010 a 2015, 45% del total de quienes tendrían que haber regresado a pagar sus horas luego de que les fue negado el amparo, no lo hicieron, y tampoco fueron ubicados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
La cantidad de personas que recurrieron al amparo tras no pasar la prueba de alcoholemia del programa Conduce Sin Alcohol en la ciudad de México, pasó de 41% a 62%.
Los conductores que fueron detenidos encontraron en la suspensión provisional la puerta de salida definitiva de ese centro de sanciones. Así, de 2010 a 2015, de 26 mil 573 órdenes de presentación emitidas por la Consejería Jurídica, 45% (12 mil 10), no regresó a cumplir con su arresto, y tampoco fueron ubicados por las autoridades para obligarlos a regresar.
Ernesto Canto, director de Prevención del Delito de la SSPDF, aseguró que no es atribución de la dependencia ubicar y detener a quienes pretenden evadir la ley a través del amparo. Sin embargo, el artículo 10 inciso II de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal dice lo contrario y señala que esta Secretaría es la encargada de ejecutar las órdenes de presentación.
Y es que al dar entrada al análisis del juicio de amparo, el Juzgado de Distrito otorga la suspensión provisional que permite suspender momentáneamente el arresto; pero pocos conductores conocen que deben dar seguimiento al procedimiento y presentarse ante el juez dentro de los tres días posteriores. De lo contrario, el juicio de amparo se pierde al ser sobreseído. Según cifras de la Consejería Jurídica, sólo 4% de los conductores consigue suspensión definitiva.
Mario Torres, director Ejecutivo de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica, reconoció que las lagunas en la ley permiten que la gente no cumpla con la sanción. “En la medida en que hubiera la obligatoriedad de exhibir una fianza o caución para evitar el desprendimiento del procedimiento la gente regresaría a cumplir adecuadamente sus condenas”, dijo.
Durante 2015, y hasta el 30 de noviembre pasado, de 7 mil 598 órdenes de presentación emitidas por la Consejería Jurídica, 32.8% no se cumplimentaron, mientras que el año pasado, de 10 mil 364 órdenes de presentación, a 56% no se le dio cumplimiento.
En 2012, la Consejería Jurídica emitió a la SSPDF mil 838 órdenes de presentación. De ellas, 51% nunca regresó. La dependencia no cuenta con cifras previas a ese año.
El funcionario de la Consejería explicó que no es posible ubicar a 80% de quienes no regresan a cumplir con sus horas de arresto, pues al ser detenidos y tramitar su suspensión provisional, no se identificaron con su nombre y domicilio oficial; o bien, no habitan en la ciudad de México.
Aumentan amparos pero disminuyen sancionados. De acuerdo con cifras de la Consejería Jurídica del DF, en 2010, de 25 mil 46 personas que reprobaron el examen de alcoholemia, 41.4% (10 mil 394) recurrieron al amparo. Mientras que en 2015, de 12 mil 790 que no lo pasaron, 62.8% (8 mil 043) recurrió a esa medida.
Al respecto, Ernesto Canto, director de Prevención del Delito de la SSPDF, reconoció que de enero a septiembre de 2015, la cifra se disparó debido a la operación de coyotes al exterior de El Torito.
