Se prevé que para el próximo año se lleven a cabo una serie de auditorías al sistema penitenciario de la capital del país con el propósito de garantizar el adecuado acceso a la justicia y condiciones idóneas para lograr la reinserción social de los reclusos.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México de la Asamblea Legislativa (ALDF), Iván Texta, consideró impostergable atender la sobrepoblación que prevalece en los penales.
La Ciudad de México tiene cerca de 40 mil personas privadas de su libertad, cuando la capacidad total de las cárceles es de apenas 22 mil. Los Reclusorios Norte y Oriente son los que presentan el problema más grave, ya que en cada uno hay 12 mil personas.
El diputado local del PRD informó que se solicitará a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, a cargo de Manuel Granados, revisar los expedientes de los primodelincuentes y de personas que hayan cometido delitos no graves, como actualmente se hace con internos que pertenecen a grupos indígenas.
El objetivo, agregó Texta, es impulsar una estrategia integral para atender la sobrepoblación en los penales, situación que erosiona la dignidad humana, menoscaba la salud física y mental de los reclusos.
“Con esta estrategia se podrá garantizar un adecuado acceso a la justicia de quienes no tuvieron la posibilidad de contratar un abogado o pagar una fianza y están en la cárcel por delitos no graves. Además se podrán reducir los problemas derivados de la sobrepoblación, como el hacinamiento y los homicidios”, señaló el asambleísta.
De acuerdo con Texta Solís, el plan contempla acercamientos con dueños de establecimientos afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), para realizar convenios que eviten criminalizar el hambre.
El 97% de los procesos relacionados con el robo de alimentos son interpuestos por dueños de las tiendas y es difícil que otorguen el perdón.
Por este motivo, se propondrá que los infractores sean puestos a disposición de un Centro Especializado para la Atención del Robo por Hambre en el cual se les garantice la satisfacción de la necesidad de alimento, tanto al indiciado como a su familia, se obligue a ser instruido para desempeñar un oficio o profesión y se canalice a una empresa en la que pueda obtener un ingreso.
El legislador local señaló que la revisión de los expedientes evitará la criminalización del hambre y la pobreza. A pesar de que en 2008 se despenalizó el robo por esta causa en la capital, aún hay registros de personas que sustrajeron alimentos o artículos de primera necesidad y que incumplieron alguna de las atenuantes como la reincidencia, por lo cual ingresaron a la cárcel.
tpc
