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Un juez federal otorgó un amparo al ex magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), Miguel Covián Andrade, para que se le paguen salarios caídos por un periodo de casi cinco años, a pesar de que dejó de ejercer dicho cargo durante todo ese tiempo, ya que fue destituido por la presunta venta de plazas al interior del tribunal.
Según fuentes al interior del TEDF, la resolución dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Agustín Tello Espíndola, tendrá un costo aproximado de entre 15 y 18 millones de pesos para el tribunal electoral local, a pesar de que Covián fue sustituido desde el año 2011 por la ALDF.
La liquidación que se le deberá pagar a Miguel Covián Andrade incluye las prestaciones que le correspondían como magistrado desde el día en que fue suspendido del cargo por el Pleno del TEDF mediante una resolución emitida el 18 de febrero del 2010, y hasta el pasado 16 de enero del 2015, fecha en la que concluía el encargo para el que había sido elegido originalmente.
Sin embargo, a partir del 13 de enero del 2011 fue sustituido por la magistrada Aidé Macedo Bárcenas, designada para ejercer dicho cargo por la Asamblea Legislativa del DF, quien desde entonces comenzó a devengar el salario que le correspondía como sustituta del ex magistrado Covián Andrade.
De acuerdo con el expediente del juicio de amparo 473/2014, del cual EL UNIVERSAL tiene copia, los plazos para que el TEDF pague la indemnización que le debe al ex magistrado electoral Covián Andrade comenzaron a correr el 18 de noviembre, fecha en la que ese órgano jurisdiccional fue notificado del fallo favorable a quien fuera acusado de venta de plazas por los demás integrantes del Tribunal Electoral del DF.
En una sesión privada celebrada el pasado 5 de marzo del 2014, el Pleno del TEDF había acordado liquidar a Covián Andrade solamente con los montos previstos por la ley en la materia, sin contemplar los salarios caídos, derivado de la sanción administrativa que se le impuso en febrero del 2010.
Sin embargo, el ex magistrado se inconformó y tras presentar un amparo, logró que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del DF revocara las sanciones impuestas.
