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Al llegar hoy a la mitad de su gestión como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo hace un balance de lo que se ha avanzado en la materia, pero sobre todo de lo que se debe realizar. De los diversos temas pendientes en su agenda destaca uno. “El gobierno de la ciudad debe generar un desarrollo urbano con visión de derechos humanos, que es fundamental”.
Asegura que el crecimiento desordenado de la ciudad representa un “foco rojo”, especialmente en construcciones ilegales y violaciones a los usos de suelo, en los que las autoridades responsables de regularlas evaden su responsabilidad, convirtiendo este asunto en una “verdadera Torre de Babel” en la que nadie logra ponerse de acuerdo.
En su plática con EL UNIVERSAL, Gómez Gallardo habla sin tapujos de los problemas que tiene la administración capitalina en materia de derechos humanos, en la que también reconoce avances, sobre todo en materia de prevención y aceptación de las recomendaciones, incluso destaca el hecho de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera haya ofrecido una disculpa pública, incluso, adelanta que dentro de poco lo hará también un delegado, aunque se guarda el nombre.
La preocupación que existe en la CDHDF, evidencia su titular, es el desorden que hay en materia de desarrollo urbano de la capital del país y que la llevó a emitir la primera recomendación en la materia.
¿El crecimiento de esta ciudad, violento, vulnera el derecho de los ciudadanos?
—Desafortunadamente lo hemos identificado, y donde se detona es en la Asamblea Legislativa con los cambios de uso de suelo. No puede ser que cuando ya terminan su gestión estén viendo una situación de cambio de uso de suelo como cuotas o manejos irregulares. Peor aún, regularizan lo que ya es irregular, porque ni siquiera esperan a que el terreno cambie de uso de suelo y nosotros lo que hemos alertado es una desarticulación.
Está el tema de las propias secretarías del GDF, están las delegaciones y está la Asamblea; aquí tiene que haber una actuación intersecretarial, interdelegacional con actualizaciones con la Norma 26 en el caso de la Asamblea que regularice cómo se va a llevar a cabo esta situación, porque es un fraude por todos lados.
¿Todo esto que sucede de la Asamblea hasta instituciones, da la impresión que hay una especie de contubernio de las autoridades para permitir estas situaciones?
—Lo que pasa es que no hay un mandato adecuado. Si yo emito una recomendación a Obras, me dicen que quien actuó fue la delegación; si voy con la delegación me dice, no, es que la secretaría dio el permiso, y si yo voy a revisar el permiso resulta que la Asamblea no ha actualizado las normas.
Es importante, primero identificarlo desde una visión que viola derechos humanos, manejarlo desde ahí abre una oportunidad diferente al que quisiera demandar vía civil porque le hicieron un fraude, o administrativa porque clausuraron y siguieron trabajando; hacerlo desde derechos humanos sí ayuda a ver a todas las autoridades.
Lo que hicimos con un rigor técnico es determinar cuántas normas se tienen que cumplir, justo para evidenciar que las delegaciones no clausuran con oportunidad, que cuando clausuran permiten que siga la obra, cuando tienen que hacer revisiones no tienen personal calificado, que las otras secretarías cuando articulan con las delegaciones se hace la Torre de Babel y se presumen ciertas conveniencias de esa falta de comunicación en el momento que hace que no se articulen y prospere la queja de un vecino.
¿Cómo calificaría esta situación que pasa en la ciudad?
—Es un foco rojo. El simple hecho de los 18 casos que vimos en construcciones irregulares, decía, esto es un lote baldío y era zona ecológica, y qué hicieron ahí, la Torre Pedregal. Dice uno, ¿están recuperando un espacio o dando un privilegio?
¿Se ha hecho negocio con esto?
—Desafortunadamente alguien está ganando en esto y principalmente son empresas que están siendo las concesionarias. No tenemos algún reporte que diga que alguien recibió algún beneficio económico, lo que sí tenemos es la falta de acción, la falta de capacitación, las omisiones, que es lo más grave, porque lo increíble es que ya clausurada una obra cómo es posible que con el rompimiento siga la acción.
La otra, que es la más importante, es: cómo permiten que vendan los departamentos, porque son obras de precios alzados y cuando concluyen se les entregan; cómo permiten, si está clausurado, que la empresa continúe vendiendo, y esa es la trampa, porque cuando uno quiere decir que demuelan un edificio están todos los compradores de buena fe.
Hay que decirlo con toda claridad, porque es un foco que se tienen que ver desde este enfoque de derechos humanos, no es menor y seguirá siendo el tema de la ciudad reiteradamente porque seguimos teniendo casos, tenemos situaciones de que ni siquiera pasa que le hayan pedido una autorización a la autoridad (...) vemos espacios como estos que querían invadir quemando el bosque y decían, ya no es reserva, y no construyo, de suerte, eso sí lo desalojaron y volvieron a reforestar.
¿La falta de planeación de desarrollo urbano, es violación a los derechos humanos?
—Así es.
¿En esta serie de omisiones de instancias de gobierno, sí cabe decir que nadie asume responsabilidad?
—Ahí es donde queremos entrar con las autoridades, si la delegación me dice que no está.
Entrevistada en su sala de reuniones, la ómbudsperson, como le gusta que le llamen, asegura que este es un tema en el que se tiene que trabajar mucho, sobre todo en materia de prevención.
Afirma que de lo que más se queja la gente es de la falta de información de las obras. Incluso muchas de las manifestaciones son por el desconocimiento de lo que se va a hacer.
“En el 80% de los casos, te puedo asegurar, que cuando la gente se entera de lo que van a hacer, se calman, se tranquilizan y dice, estoy de acuerdo porque ya entendí que esto es para un beneficio y sin problema lo aceptan”.
¿El proyecto del corredor Chapultepec es un ejemplo de esto que comenta?
—Sí, pero aquí hay otro dato, de que si no les gustan tienen que cambiar la ley porque las consultas no son vinculatorias. Históricamente cuando se consulta a las personas y dicen que no quieren esta obra, se atiende la posición vecinal. Sí ayudan las consultas porque permiten que las personas puedan opinar y posicionarse sobre un tema, pero la ley no obliga a que las autoridades asuman lo que ellos decidan al respecto.
La presidenta de la CDHDF asegura que éste será el tema que estará a debate en los próximos años y en los que buscará incidir, tanto en la ALDF como en el gobierno local para diseñar políticas públicas y reformas a la ley que den certeza al desarrollo urbano en el DF, de lo contrario, dice, el crecimiento anárquico continuará y las afectaciones a los miles de ciudadanos que terminarán siendo los más afectados.
