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La demolición de la vivienda bajo la cual ocurrieron una serie de deslaves en Santa Fe provocó una confrontación, pues mientras la delegación Cuajimalpa denunció al propietario, Arturo Rosette, por el presunto uso de documentos apócrifos, la defensa jurídica del vecino consideró la queja como un recurso de la autoridad para ocultar su responsabilidad en los derrumbes.
El jefe delegacional Miguel Ángel Salazar presentó una denuncia penal contra el dueño de la vivienda en riesgo ubicada en Altavista 111, con el argumento de que las licencias de construcción del inmueble y de una antena de telecomunicaciones en su interior, exhibidas por el señor Rosette, no se encuentran en los archivos delegacionales.
“Tampoco exhiben los documentos en original, los exhiben en copia certificada por parte de un corredor público del Estado de México, entonces podemos presumir que sean documentos apócrifos”, añadió el delegado.
El permiso de la antena está a nombre de SOS Internacional, pero American Tower adquirió en 2002 el dispositivo, que fue retirado el 29 de octubre tras el primer deslave ocurrido un par de días antes.
Al acudir a la Asamblea Legislativa a pedir más recursos para 2016, el funcionario dijo que la queja se presentó el pasado miércoles en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para determinar la autenticidad o no de los papeles.
En contraste, Luis Rodolfo García, abogado de Arturo Rosette, aclaró que el documento referente a la vivienda es un aviso de término y ocupación de obra de 1982, el cual de no estar en los archivos “no lo hace apócrifo”.
“Si el delegado está pretendiendo desconocer un documento que otorgó su homólogo hace 30 años, sin duda lo hace en afán de tapar las irregularidades al dar permisos para la perforación de un talud”, comentó García Cervantes.
Traban demolición. El abogado Luis Rodolfo García interpuso un amparo para solicitar la suspensión de la notificación de la delegación Cuajimalpa para demoler la vivienda de Arturo Rosette. El delegado en Cuajimalpa y el consejero jurídico, Manuel Granados, consideraron difícil que sea otorgado el amparo pues hay vidas en juego.
La procuraduría local informó que ha recibido cuatro denuncias sobre los deslaves en Santa Fe.
