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Arturo Rosette, dueño de la casa bajo la que ocurrieron una serie de deslaves en Santa Fe, inició su defensa legal y presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para exigir que investigue a diversas construcciones que habrían propiciado los derrumbes.
Aunque es visto por autoridades y vecinos como presunto responsable, en sus planteamientos la denuncia revira que diversas construcciones en torno al talud debilitaron la tierra de forma gradual, como la edificación del residencial Vista del Campo, una obra en proceso en la calle Tamaulipas 250 y el túnel de acceso al residencial Bosques de Santa Fe, explicó Luis Rodolfo García Cervantes, abogado del vecino.
Dijo que deben respetar el derecho de propiedad y antigüedad de su cliente, quien ha vivido 30 años en el sitio, “antes de la existencia de todas estas obras que son las que han deteriorado el terreno, no es el señor Rosette quien lo deterioró”.
Hizo énfasis en indagar las recientes obras en Tamaulipas 250, “donde han perforado, inyectado concreto y ocupado detonaciones para excavar en el terreno, y esa suma de factores han provocado el deslave”.
La denuncia fue entregada el pasado miércoles en el búnker de la PGJDF.
Sobre la colina donde ocurrieron tres deslaves se ubican la casa de Rosette y las cinco torres de Vista del Campo, estas últimas autorizadas por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) en 1999, mediante la emisión de un par de certificados para cambiar el uso de suelo de tres a 15 niveles de construcción.
Las causas de los derrumbes no se han establecido, pero de forma preliminar la delegación Cuajimalpa y el gobierno capitalino señalaron que tanto fallas en el drenaje como el peso de una antena de telecomunicaciones en el predio de Altavista 111 pudieron ser los motivos.
Incluso, el GDF informó que la casa en situación de riesgo en ese terreno debe quitarse para estabilizar el talud y los gastos de demolición deben ser cubiertos por el propio dueño.
El abogado consideró que se establecieron conclusiones autoritarias: “Se presenta esto como única solución sin que se hayan analizado otras”.
Aclaró que no se opondrán a la demolición de la vivienda si es que es una medida necesaria para garantizar la seguridad de la comunidad, pero reiteró que primero deben aclararse las responsabilidades en los desgajamientos y las autoridades deben garantizar el derecho de audiencia a Rosette y, en su caso, darle una indemnización.
