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A tres meses del multihomicidio en un departamento de la colonia Narvarte, donde fueron asesinados el fotógrafo Rubén Manuel Espinosa Becerril, la activista social Nadia Dominique Vera Pérez, Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, la colombiana Mile Virginia Martín y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete Avilés, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones, sigue verificando que se respeten los derechos de los familiares de las víctimas, y el derecho de la coadyuvancia que realizan Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Como parte de este seguimiento el organismo sostiene que las investigaciones que realiza la Procuraduría general de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) deben considerar los perfiles particulares de las víctimas tales como; que una de ellas era un periodista en exilio, el tema de género, puesto que cuatro de ellas eran mujeres.
La CDHDF destacó que ha emitido ocho medidas precautorias relacionadas con los derechos de las víctimas, para que se atiendan principalmente los delitos vinculados con el ejercicio periodístico, el feminicidio, que se les permita a las familias afectadas libre acceso a la averiguación previa, evitar la revictimización de los afectados, sobre todo las mujeres y que la Procuraduría capitalina cuente con peritajes con estándares internacionales.
Aseguran que también revisan las detenciones que se han hecho en torno a este caso y han sostenido pláticas con los imputados Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, detenidos el 4 y 30 de agosto, y 11 de septiembre de este año, en relación a esto, la CDHDF se está allegando de la información necesaria para dilucidar si existieron las irregularidades que tales personas sostienen que se dieron durante su detención, traslado y permanencia ante la autoridad ministerial.
Para descartar cualquier actos de abuso de autoridad o tortura, se han realizado cinco diligencias de entre las que destacan las medidas precautorias para acreditar el debido proceso, descartar actos de presunta tortura para obtener una confesión y para esto se han entrevistado con los detenidos, familiares, testigos y se ha mantenido una estrecha comunicación con la Fiscalía y el juzgado que lleva el caso para que se respeten sus derechos.
La CDHDF continuará realizando las diligencias de investigación necesarias, para obtener la información que permita tener una postura clara respecto a la existencia o no de violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de los familiares de las víctimas, así como de las personas señaladas como probables responsables.
