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Durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, descartó la presencia del crimen organizado en el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas la activista social Nadia Vera y el fotoreportero Rubén Espinosa; esto después de que uno de los imputados en este crimen, Abraham Torres Tranquilino, indicara en su declaración preparatoria, que El Omarcito acudió al domicilio a robarle droga a una de las víctimas de origen colombiano.
Al ser cuestionado sobre los avances en este caso, considerado de alto impacto por la manera en que fueron ejecutadas las víctimas, Ríos Garza expuso que autoridades federales le confirmaron que ninguno de los detenidos pertenecía al grupo de Los Zetas.
Sobre el motivo del crimen, Ríos se limitó a decir que algunas hipótesis se han debilitado y otra se fortaleció, aunque no abundó en ello, “la hipótesis en esta investigación que se ha fortalecido es que una de las víctimas mantenía contacto con estas personas”, informó a miembros de la ALDF.
Sobre la presencia del crimen organizado en el Distrito Federal, Ríos Garza refrendó que en las reuniones sostenidas con autoridades federales, no se tiene indicio de la participación activa de células criminales de cárteles, como en otros estados. Sin embargo, aseguró que se mantiene el monitoreo constante con las áreas especializadas para que esto suceda.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, los asambleístas “olvidaron” cuestionar al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) los avances y resultados en los delitos de alto impacto que han colocado a la ciudad en el “ojo del huracán” debido a su gravedad.
Casos como los avances en la investigación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC); sobre el mismo caso Narvarte; la exoneración del expresidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre —acusado de sostener una red de trata al interior del partido político—; y del robo de más de 700 mil pesos a un empresario argentino dentro de las instalaciones del búnker, donde despacha el funcionario, no fueron cuestionados.
Como parte de los avances de estos casos, Ríos Garza mencionó por ejemplo: se reactivó la orden de aprehensión en contra de Enrique Horcasitas por el caso de la Línea 12, pues aunque había ganado un amparo, no cumplió los requerimientos del juez, por lo que este recurso fue desechado.
Al hablar de la incidencia delictiva en la ciudad, Ríos Garza aseguró que este año disminuyó 12.4% —en comparación con el año anterior—.
Según sus estadísticas, aclaró, el robo a transporte con o sin violencia bajó 1.1%; el robo a negocios con violencia, 5.5%, el robo a transeúnte, 11.9%, el robo a casa-habitación, 12.3%; y las lesiones por disparo de arma de fuego 17.1%.
