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El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aceptó hacer suya la petición del gobierno capitalino para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise la competencia de los jueces federales y locales en todos los litigios relacionados con la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y las irregularidades que se han detectado en dicha obra.
La decisión fue tomada por el ministro Ortiz Mena durante una sesión privada de la Primera Sala del Máximo Tribunal que ya se hizo del conocimiento público a través de la lista de acuerdos de ese órgano jurisdiccional, por lo que también ha sido notificada a las partes involucradas.
El pasado 12 de agosto, EL UNIVERSAL dio a conocer que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, a través de su Consejería Jurídica, solicitó a la Primera Sala de la Corte ejercer su facultad de atracción para revisar la sentencia de un Juzgado de Distrito que reconoce la competencia de un juez federal para resolver cualquier litigio relacionado con los procedimientos sancionadores que el propio gobierno del DF inició contra el consorcio constructor de la Línea 12 con motivo de las fallas registradas en su construcción y operación.
De acuerdo con la ley, el ministro Ortiz Mena deberá elaborar un proyecto de resolución con el cual convenza a los otros cuatro ministros de la Primera Sala de que este caso es de interés y trascendencia jurídica, es decir, que el fallo de este litigio sentaría un precedente en otros casos donde hay dudas sobre el fuero que es competente para resolver un juicio relacionado con obras públicas construidas de manera conjunta con recursos federales y estatales.
Para que la facultad de atracción sea aceptada se requieren al menos tres votos por parte de la Primera Sala, pero una votación favorable sería apenas el segundo paso para el análisis del litigio entre el Gobierno del DF y el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro, ya que correspondería a otro ministro elaborar una sentencia sobre el fondo del asunto.
Debido a que el Gobierno del DF no estaba facultado legalmente para solicitar la atracción del caso, en el escrito entregado el pasado 20 de julio la Consejería Jurídica del GDF se explicó que en la actualidad no existen criterios sobre la competencia de los jueces federales y locales en litigios vinculados con obras que son financiadas tanto por la Federación como por entidades federativas.
Además, se argumenta que este primer litigio es sólo uno de los muchos que se avecinan vinculados con el deslinde de responsabilidades por las fallas registradas en la Línea 12 del Metro, por lo que se quiere evitar que en cada juicio civil, amparo o apelación que se presente por esta causa, se vuelva presentar un litigio adicional para definir qué juez es competente, retrasando la resolución de fondo.
La demanda presentada por el Gobierno de Mancera ante el Juzgado 61 de lo Civil del Distrito Federal incluye a las empresas constructoras Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom Mexicana y Carso Infraestructura, contra las cuales se ejerció la acción declarativa prevista en el Contrato de Obra Pública, con el fin de deslindar responsabilidades y, de esta forma, hacer válida la garantía por las fallas y vicios que ha presentado la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Sin embargo, el consorcio europeo, ICA y la constructora de Carlos Slim presentaron ante la Décima Sala en Materia Civil del Tribunal de Superior de Justicia del DF (TSJDF) una declaratoria de incompetencia en contra del Juzgado 61 de lo Civil, argumentando que los jueces del fuero local no estaban facultados para resolver dicha controversia.
