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Vestidos con bata blanca y al grito de “salgan funcionarios para saber qué tanto ven o qué tanto se hacen”, habitantes de la capital protestaron frente al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea) para exigir que resuelva violaciones al uso de suelo.
Los manifestantes provenientes de las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, que forman parte de la organización Vecinos Unidos, instalaron desde temprano una carpa con equipo de optometría para realizar exámenes de la vista gratuitos a los trabajadores del instituto; en especial pidieron hacerle la prueba visual al Consejero presidente Meyer Klip.
“Decidimos ayudarlos a detectar problemas con su vista porque al parecer no ven bien y por eso no hacen su trabajo como se debe”, dijo Oswaldo Mendoza Santana, miembro de la organización Vecinos Unidos.
Los ciudadanos aseguraron que en la ciudad hay más de 4 mil 500 inmuebles construidos ilegalmente bajo el amparo de la Norma 26 y que el Invea no resuelve las denuncias y las concluye con argumentos falsos.
“Cuando logramos reunir todo lo que nos piden para que proceda la queja y hacen la verificación nos dicen que el número marcado en la denuncia no lo encontraron o que después de realizar la inspección ocular no vieron más pisos construidos de los permitidos. Por eso se tienen que hacer el examen visual”, añadió.
Con fotografías y cartulinas pegadas en la entrada del instituto, los vecinos mostraron ejemplos de las violaciones al uso de suelo que piden sean resueltas: inmuebles con título habitacional unifamiliar que sirven como oficinas, centros nocturnos, hoteles, restaurantes y la ampliación de más niveles sin el permiso debido.
Antonio Soria, también integrante de Vecinos Unidos, explicó que la violación al uso de suelo en Coyoacán, demarcación en la que reside, está fuera de control, “han convertido casas en bares y hostales en el centro de la delegación y no lo tienen permitido; están dañando un lugar que es considerado patrimonio histórico”, indicó.
Los integrantes de Vecinos Unidos aseguraron que esperan que el Invea sancione conforme a la ley a los comercios ilegales; así como a las obras en construcción que siguen creciendo sin autorización.
“El Invea recibe 400 millones al año para trabajar, así que tiene que respetar el desarrollo urbano, porque si no es así los ciudadanos nos vemos afectados con el tráfico y la saturación de los servicios sociales; cada vez somos más en menos espacio y eso genera conflictos de movilidad”, finalizó.
