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La discusión de los costos máximos para la vivienda de interés social en el Distrito Federal ha atorado la creación de una nueva norma de ordenación en la materia, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez.
El funcionario comentó que desde la suspensión de la Norma 26 en agosto de 2013 se conformaron propuestas para renovar este lineamiento, pero si bien ya hay coincidencias institucionales para establecer candados que eviten abusos a la norma, no las hay en cuanto al precio máximo.
En el caso de la Norma 26, el tope del precio de venta era de 30 salarios mínimos anualizados: unos 709 mil pesos, pero los desarrolladores inmobiliarios en muchos casos rebasaban este monto al comercializar las viviendas hechas bajo los beneficios de dicha norma.
“Un tema que es muy álgido es si deben o no subirse los 30 salarios mínimos, ahora convertidos en unidades de cuenta de la ciudad de México”, dijo el funcionario luego de firmar un convenio de colaboración con el titular de la Procuradouría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), Miguel Ángel Cancino.
“Está claro que lo que en 1996 estaba marcado como 30 salarios mínimos, si estuviera ligado a una unidad de cuenta, seguramente hoy rebasaría los 30 salarios mínimos”, añadió y llamó a la ALDF a retomar el análisis de la norma.
Gutiérrez dijo que ya hay un consenso para establecer "penalidades" severas y así inhibir violaciones a una nueva norma de vivienda popular. Estos candados se aplicarían con la participación de notarios públicos, del Registro Público de la Propiedad, de la PAOT y la Fiscalía contra delitos ambientales.
En conferencia, los titulares de PAOT y Seduvi, expusieron que entre ambas dependencias han encabezado 28 acciones legales contra construcciones que violan la norma 26, de las cuales 18 son juicios de lesividad interpuestos por la secretaría y 10 procedimientos de custodia de folios de la PAOT para evitar la escrituración de 200 unidades de vivienda.
"Lo importante de la custodia de folios es que quien está incumpliendo con la normatividad, no puede hacer movimientos en el Registro Público de la Propiedad y eso le impide realizar movimientos de transferencias (de inmuebles)", resaltó Miguel Ángel Cancino.
Sin embargo, alertó de una nueva movilidad para que, a pesar del procedimiento de aseguramiento de folios e irregularidades de construcciones, los desarrolladores dejan que los compradores se instalen las viviendas, con el fin de presionar para que se les otorguen documentos como el permiso de ocupación del inmueble.
Expuso que un caso está en la construcción de departamentos en Mayorazgo de la Higuera 32, colonia Xoco, donde se construyeron dos niveles de más, en contraste con la normatividad de la zona.
"Hay inmuebles donde se nos ha otorgado la custodia y sin un aviso de ocupación, los desarrolladores están permitiendo que los adquirentes ocupen los departamentos", denunció Cancino.
Añadió que en este caso "uno de los adquirentes ya denunció penalmente a la inmobiliaria, vamos a ver qué consecuencias hay".
