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El Sistema Penitenciario del Distrito Federal se encuentra apático ante las constantes recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) le ha realizado por denuncias de tortura, privación de la vida, discriminación, negación al acceso a la salud, entre otros, aseveró Perla Gómez Gallardo, presidenta del organismo.
“En materia de Reclusorios es y sigue siendo el de mayor número de quejas que llegan a la institución, queremos revisar de manera preventiva diversos aspectos de los tipos de violaciones que identificamos para que se anticipen estos escenarios y se eviten nuevas violaciones”.
Al concluir la presentación de Acciones de Supervisión en Unidades Médicas en Centros de Reclusión y el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal, la Ombudsperson indicó que el organismo tiene un catálogo de al menos 56 tipos de derechos violados por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y que hasta el momento no se han erradicado esas prácticas.
“Tenemos un catálogo de 56 derechos humanos y prioritariamente son los temas de seguridad jurídica, cuestiones de integridad, tema de tortura, para erradicarlos es necesaria una interlocución entre dependencias, Secretaría de Seguridad, la Procuraduría, el Tribunal y el propio sistema Penitenciario”, comentó.
Entre estas violaciones a los derechos de las personas en reclusión se encuentra los referentes a la salud.
La titular de CDHDF indicó que “las condiciones de los espacios para dignificar el trabajo que hacen los profesionales con las personas que están privadas de su libertad son alarmantes”, por ello se recomendó a la Secretaría de Salud hacer reparaciones a la infraestructura de los reclusorios.
Con una inversión de casi 20 millones de pesos se crearon consultorios, unidades médicas y se adquirió nuevo equipo médico, informático y mobiliario; sin embargo, sólo se encuentran laborando 600 personas para los más de 37 mil internos, por lo que el organismo consideró que es necesario trabajar en ese tema.
El secretario de Salud, Armando Ahued, indicó que la cuestión de por qué falta personal médico en los centros de reclusión se debe a que “los profesionales no quieren trabajar en reclusorios; ello, a pesar de que les facilitamos su contratación”.
Dijo que se atiende a los internos a través del programa “Ponte a Prueba”, y se tiene como eje la prevención las enfermedades venéreas.
“Estamos apostándole a que la gente pueda evitar enfermedades o controlar las que ya tiene, para evitar que sea una presión adicional al sistema de atención médica en los centros de reclusión”, aseguró.
Consideró que aunque en este año la inversión fue de 20 millones, será necesario un aumento, debido a que la cantidad de internos se va incrementando.
“La población con esta necesidad va creciendo por dos razones, la transición demográfica y epidemiológica, los internos también van envejeciendo y van teniendo enfermedades crónico-degenerativas que obligan a que tengan mayor atención médica”, concluyó.