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Al menos siete negocios de las colonias Hidalgo, Carrasco, Santo Tomás Ajusco y Cantera, en las inmediaciones de la delegación Tlalpan, han cerrado durante los últimos cuatro meses debido al incremento de la “cuota”, “derecho de piso” o extorsión en aquel sector, donde los delincuentes aseguran ser integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intimidar a los propietarios de pequeños comercios y les piden cantidades que van desde 2 mil a 5 mil pesos por semana.

Según las denuncias radicadas en la Coordinación Territorial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en aquella demarcación ni un comercio se salva, los extorsionadores acuden a negocios tanto establecidos de la avenida San Fernando, hasta puestos ambulantes o tianguistas que se instalan los lunes, miércoles y sábados en el sector.

A manera de intimidación, los extorsionadores proporcionan información a detalle de las actividades de la familia y el negocio y en ocasiones dejan fuera de los comercios vísceras de animales o coronas fúnebres, lo que atemoriza a las víctimas quienes sin cuestionar optan por pagar el “derecho de piso”, como se asentó en la averiguación previa FTL/TLP-2/T1/0847/15-08, interpuesta por un vendedor de tamales quien al no poder pagar más la extorsión, cerró su negocio y denunció el hecho.

Estos extorsionadores se han diversificado, pues incluso dos talleres mecánicos se han dicho afectados por estas personas que a través de llamadas telefónicas empiezan a intimidar a sus víctimas, “no respetan nada y la verdad es que como están las cosas, preferimos evitar problemas, no sabemos si es verdad o puras mentiras los que nos dicen pero varios empezamos a pagar”.

La Coordinación Territorial Tlalpan ha implementado operativos de seguridad, como la revisión de las cámaras de vigilancia del sector de San Fernando, Insurgentes, Periférico, Tlalpan y las inmediaciones del sector de Ajusco, donde —según las denuncias— se recoge y entrega el dinero, producto de las extorsiones.

También han solicitado a la asociación de ambulantes denunciar de manera anónima cualquier intimidación o amenazas que reciban, pues en repetidas ocasiones la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) les ha recalcado que en la ciudad de México no opera ninguna célula criminal y que en la mayoría de los casos donde se ha denunciado extorsión, resultan fraudes telefónicos.

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