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Por una presunta violación a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público cometida al autorizar los parquímetros en la delegación Coyoacán, un ex funcionario del gobierno capitalino presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal en contra la actual Directora General de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), Marlene Valle Cuadras, y el ex titular de esa misma dependencia, Pablo Israel Escalona Almeraya.
Según consta en la denuncia presentada por el entonces jefe de la Unidad Departamental de Control Contable y Formalización de Contratos de la DGPI, Daniel Alberto Lejarazú Gaona, la violación consistió en que se autorizó la instalación de los parquímetros en Coyoacán a una empresa privada, sin que existiera la valuación correspondiente sobre el pago que debe entregar la empresa concesionaria por concepto de contraprestación.
La demanda destaca que dicha omisión fue consentida por otros funcionarios de la propia DGPI, a pesar de que se estaba violando el artículo 40 de la Ley del Régimen patrimonial y del Servicio Público, en el cual se establece que para otorgar un permiso administrativo temporal revocable (PATR), como el que se necesita para la operación de los parquímetros, obliga al pago de una contraprestación, previa valuación del costo-beneficio para la ciudad y de la emisión de un dictamen en la materia.
Sin embargo, a través de distintas solicitudes de información presentadas ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dicha dependencia ha negado que exista el dictamen para evaluar el pago de la contraprestación que debe garantizar la empresa concesionaria, Nueva Generación de Estacionamientos, ya que en el permiso temporal concedido a dicha empresa solamente se dispone de un pago inicial del 30 por ciento de los ingresos obtenidos por la misma.
En este sentido, la Oficialía Mayor del GDF respondió en otra solicitud de información que “no existen preceptos y normatividad aplicable que permitan otorgar un permiso temporal administrativo revocable sin la existencia de un dictamen valuatorio”, ya que este último es requisito indispensable para que se pueda autorizar el permiso a cualquier empresa concesionaria.
Es decir, que en este caso primero se entregó el permiso correspondiente autorizando el pago de la contraprestación, para que una vez funcionando los parquímetros se emita un dictamen de valuación de los costos-beneficios para el Gobierno del DF, incrementando el cobro inicial de 30 por ciento de los ingresos brutos de la concesionaria a lo que se determine en el dictamen en la materia.
Por lo anterior, en la demanda se advierte que hay “afectaciones graves tanto al patrimonio como a los intereses del Gobierno del Distrito Federal” y que las autoridades de la DGPI no han realizado ninguna acción “para enmendar esta grave falta, ocasionando perjuicios a los ingresos de la Ciudad de México, toda vez que otorgaron una contraprestación a todas luces arbitraria y carente de un avaluó que la respaldará”.
Dicha irregularidad, sostiene la denuncia, viola el artículo 214 del Código Penal Federal, fracción segunda, en el que se establece que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público cualquier funcionario que en el desempeño de su cargo, comisión o funciones, conozca de una afectación grave al patrimonio público y no informe por escrito a su superior de dicho desfalco, o que por omisión o cualquier otra causa, no tome las medidas pertinentes para detener el saqueo de los bienes públicos .
A pesar de que la denuncia ya fue ratificada por el ahora ex funcionario de la DGPI, la respuesta de la Oficialía Mayor del GDF no fue indagar las presuntas irregularidades, sino dar de baja a Daniel Lejarazú Gaona, argumentando que perdió la confianza en su antiguo empleado, por lo que este ya inició la demanda correspondiente para lograr que se respeten sus derechos como servidor público.
Cabe señalar que la titular de la DGPI, Marlene Valle Cuadras, es una de las funcionarias señaladas por líderes vecinales, debido a que presuntamente incurrió en diversas irregularidades para autorizar la demolición y desincorporación de un inmueble que ocupaba la policía capitalina en la colonia Narvarte, en la esquina de las avenidas Obrero Mundial y Cuauhtémoc, frente a Plaza Delta, el cual fue demolido para autorizar una ampliación del citado centro comercial.
Sin embargo, su nombre no figura en el Registro de Servidores Públicos con Inhabilitación Vigente luego de una búsqueda realizada por este diario.
ahc
