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El veto histórico a 68 leyes y modificaciones pendientes de publicar, la presentación de más de 400 dictámenes-leyes, reformas y nombramientos, de los cuales sólo aprobaron y publicaron 90 iniciativas en los tres años, contrastan las afirmaciones de que la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) fue la más productiva y transparente de los últimos años.
Manuel Granados, ex presidente de la Comisión de Gobierno y ahora Consejero Jurídico, aseguraba que esta legislatura tenía 10 de calificación por su productividad y eficacia.
Analistas políticos y diputados locales coincidieron en que al término de la legislatura habrá muchos claroscuros, que van desde la falta de comunicación con el gobierno de la ciudad —reflejada con el regreso de iniciativas—, hasta la opacidad y los escándalos de corrupción de un diputado y un ex Oficial Mayor.
En comparación con otros congresos locales del país, la Asamblea ocupa el primer lugar con mayor presupuesto, tomando en cuenta el número de diputados y se ubica como la de menor productividad.
Cada año los recursos fueron aumentando. Inició con un presupuesto de mil 472 millones de pesos en 2012 y terminó este 2015 con más de mil 900 millones de pesos, de los cuales 500 millones de pesos serán para los próximos asambleístas.
Manuel Granados, quien dejó el cargo sin cumplir tampoco su compromiso de quedarse al frente de esta Comisión hasta septiembre próximo, afirmó que el trabajo de esta legislatura sería superior al obtenido de manera conjunta por las dos legislaturas anteriores.
En los tres años, se presentaron 2 mil 307 puntos de acuerdo, 210 iniciativas emanadas de los 66 diputados, 90 aprobadas y publicadas en la Gaceta Oficial y 68 devueltas.
A consideración de asambleístas de Movimiento Ciudadano, PAN e incluso algunos del PRD este órgano legislativo local se convirtió en comparsa del ejecutivo para aprobar las iniciativas del jefe de Gobierno.
El vicecoordinador de Acción Nacional, Santiago Taboada, cuestionó que durante esta legislatura se hayan echado abajo decretos que ya habían sido consensuados y avalados.
Y al comparar a esta administración con las anteriores, precisó: “tengo que decirlo, ni Ebrard ni Cárdenas ni Andrés Manuel habían tenido ese récord histórico [de regresar iniciativas de ley]”.
De las leyes aprobadas destacan la de Ciencia y Tecnología e Invocación, la de la Auditoría Superior de la Ciudad; la implementación del Sistema Penal Acusatorio; la Ley de Centros de Reclusión; la de Defensoría Pública; la de Movilidad; la que establece el Derecho a Uniformes Escolares, recientemente la de Protección y Defensa de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la Ley para jóvenes, entre otras.
Las que quedaron en la “congeladora”, destacan la de Presupuesto Participativo, Pueblos y Barrios Originarios, la de cementerios, Desarrollo Rural, así como la modificación a la Ley que regula los parquímetros.
Para la diputada local electa del PRD, Aleida Alavez, de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), el veto a estas leyes representa un “maltrato” que ni siquiera contempla el trabajo que esto conlleva.
Hizo hincapié en que la legislatura concluyente debe servir como ejemplo para no volver a complacer a ninguna autoridad. “Estamos para hacer que la ciudad tenga leyes y normatividades que tengan que ver con la realidad social política, cultural y económica del DF”.
Hace un mes, la Comisión de Gobierno, a cargo de Ariadna Montiel, solicitó a las 37 comisiones ordinarias la integración de un informe para tener la certeza de cuántas iniciativas se quedaron en la “congeladora”.
De las últimas leyes regresadas del periodo ordinario que comprendió hasta al 30 de abril resaltan 29, según declaraciones de la perredista.
Para Montiel Reyes el regreso de estas iniciativas emanadas del órgano legislativo tiene una sola razón y que considera el peor error de esta Asamblea: “Tuvo que ver con el trabajo de los legisladores, no hubo la mejor comunicación con el gobierno de la ciudad para avanzar en el trabajo legislativo, el resultado es que nos vamos con leyes observadas y otras sin publicar”.
Envuelta en escándalos. Para el panista Obdulio Ávila, quien fue legislador, los escándalos siempre han existido en la ALDF, pero advirtió que la ocurrencia de estos durante la VI Legislatura no los había observado con anterioridad.
En diciembre del año pasado, el ex Oficial Mayor de la ALDF, Aarón Josué Ramos Miranda, fue separado del cargo por estar presuntamente vinculado con el narcotráfico y acusado de enriquecimiento ilícito mediante un video difundido en redes sociales.
El ex funcionario negó las imputaciones e incluso interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría capitalina contra quien resultara responsable.
La asambleísta Ariadna Montiel, a días de dejar el cargo para incorporarse a la Cámara de Diputados, señaló que en lo correspondiente a la parte administrativa en la ALDF no se tiene un señalamiento, pues dijo que todo se trató de una falsa acusación hacia el Oficial Mayor. “El asunto quedó aclarado y sustentado en la Comisión de Gobierno, no fue verdad”.
Ávila Mayo dijo que a estas alturas la impunidad se combate con la ley y con sanciones, pues mientras no haya procedimientos y no haya sanciones es un llamado a que las cosas sigan funcionando de esta manera.
Un mes después, en enero pasado, otro escándalo sacudió al recinto de Donceles y Allende. Esta vez, el panista Édgar Borja fue grabado negociando licitaciones, lo que derivó en su expulsión de Acción Nacional.
Hubo otros videos en las redes donde se le oía hablar de cuentas bancarias y de maltrato verbal a su esposa.
Pese a este escándalo, Édgar Borja se mantuvo como diputado independiente.
Montiel Reyes expresó que el caso de los diputados involucrados en actos de corrupción no es tan grave. “No somos Villareal bailando en una playa […] Creo que el tema no está en la Asamblea, tuvimos más temas en delegados”.
En lo que corresponde a transparencia y que en esta materia la legislatura también ha sido opaca, Sergio Bárcena Juárez, catedrático del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, se pronunció por la creación de mecanismos de fiscalización que eviten el despilfarro de recursos millonarios.
A la fecha, los recursos y las prerrogativas que se dieron a lo largo de esta legislatura se hicieron de manera discrecional por cada líder parlamentario.
En 2014, EL UNIVERSAL publicó que en 21 meses [septiembre 2012-junio 2014] las seis bancadas que conformaron el poder legislativo recibieron prerrogativas por 288 millones 956 mil pesos como apoyos para su trabajo, tal y como lo revelaron informes semestrales que cada bancada entregó a la Contraloría de la ALDF.
La ley les permite manejar a discrecionalidad, por ejemplo la Ley Orgánica en su artículo 17 fracción X, establece que los asambleístas tienen derecho de contar con apoyos administrativos, de asesoría, económicos y materiales para sus funciones.
Luis Carlos Ugalde, presidente de la Consultoría Integralia, puntualizó que esta legislatura se ha distinguió por tener el problema de opacidad y uso discrecional de recursos públicos.
Lo cierto es que para evitar que estas acciones emprendidas por legisladores vuelvan a ocurrir, el ex presidente del IFE, ahora INE, dio a conocer que los capitalinos cuentan con el derecho de presentar recursos jurídicos por la omisión legislativa ante el incumplimiento de la ley.
También se pueden interponer recursos de amparo ante la violación de las garantías individuales que están cometiendo los diputados al quebrantar la obligación que tienen de dar a conocer la forma en que gastan los recursos.
