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El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (Copred) ya analiza el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte, para determinar si hubo discriminación en el manejo de la información que hicieron los medios de comunicación sobre el caso.
A pesar de que la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, solicitó una opinión técnica sobre si hubo conductas violatorias de derechos humanos en el proceso de Daniel Pacheco, el único detenido por el homicidio de cinco personas, la presidenta del Copred, Jacqueline L’Hoist, informó que sólo se le solicitó hacer un pronunciamiento sobre cómo se ha hecho referencia a las mujeres fallecidas y no sobre el inculpado Daniel Pacheco.
“El tema que nos hicieron llegar no es sobre el presunto culpable, sino que nos pidieron analizar si hubo lenguaje e información discriminatoria en la forma en la que los medios de comunicación se refirieron a las mujeres que perdieron la vida”, dijo.
Jacqueline L’Hoist dijo que están analizando el documento enviado por la CDHDF antes de emitir una opinión técnica, sin embargo, puntualizó que la pregunta que recibieron fue sobre el tratamiento a las víctimas mujeres y no sobre Daniel Pacheco.
“En ningún momento nos han preguntado sobre la persona detenida ni sobre la investigación, el documento se limita a la forma en que los medios de comunicación hablaron de las cuatro mujeres”.
El análisis que realiza el organismo va en el sentido de que se ligó a una de las mujeres con el sexoservicio y a otra como sobrina de un ex político con nexos con el narcotráfico.
L’Hoist Tapia explicó que el trabajo se realiza con base en dos elementos: el primero es el convenio de colaboración firmado con la Comisión de Derechos Humanos y en segundo lugar porque Copred cuenta con una atribución de emitir opiniones técnicas, más no jurídicas, cuando una institución solicita hacer un análisis.
Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, mencionó que han aceptado al 100% las recomendaciones de derechos humanos respecto al caso de Narvarte.
“Me parece que no sería una práctica adecuada rechazar recomendaciones cuando hay hechos que pudieran estar comprobados y que permiten a un gobierno mejorar en su actuación”, destacó.
