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El gobierno de la República condenó las agresiones y ataques que se han cometido en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos.
A través de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Roberto Campa, el Ejecutivo Federal expuso que colabora con las autoridades correspondientes, para el esclarecimiento de ataques y agresiones en contra de periodistas y defensores de derechos humanos.
En el caso del homicidio de 5 personas en la colonia Narvarte en la capital del país, en donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, entre otros, Roberto Campa, a través de un comunicado, expuso que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó a los autoridades federales que no se descarta ninguna línea de investigación.
El posicionamiento del gobierno federal, expuesto a través de la Secretaría de Gobernación, se da en respuesta a la carta que un grupo de 500 artistas, periodistas y escritores hicieron llegar al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, para exigir que se garantice la libertad de expresión.
“El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista”, señaló Campa.
Aseveró que en el gobierno de la República se tiene el convencimiento de que cada delito debe ser combatido y cada homicidio asociado a la violencia debe perseguirse y castigarse.
“Somos conscientes también de que los delitos que afectan a comunicadores y a defensores de derechos humanos por el ejercicio de su actividad profesional, tienen un impacto adicional en la sociedad que representa atentados contra las libertades de todos los mexicanos”, añadió.
Herramienta. Campa Cifrián recordó que desde junio de 2012 existe el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual mantiene un proceso de fortalecimiento con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil. A la fecha, el mecanismo protege a 419 personas: 247 defensores o defensoras de derechos humanos, así como a 172 periodistas.
“Seguiremos trabajando con convicción y energía para que el mecanismo opere con base a las mejores prácticas tal y como comunicadores y sociedad demandan”, apuntó.
