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El contralor general del gobierno capitalino, Eduardo Rovelo, informó que hasta el momento 3 mil 921 servidores públicos han presentado su declaración de intereses.
Precisó que esta cifra representa un avance de alrededor de 20%, del total de funcionarios públicos que tienen hasta el 30 de agosto de 2015 para dar cumplimiento con ello, de lo contrario serán sancionados.
“Ay de aquellos que incurran en falta: uno, los vamos a inhabilitar; dos, los vamos a poner en evidencia porque protestaron diciendo que decían la verdad y finalmente nos mintieron, eso implica una responsabilidad”, sentenció.
Rovelo Pico dijo que entre quienes no han presentado su declaración está el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aunque afirmó en que cumplirá con esta disposición, pues aun se encuentra a tiempo.
Afirmó que no se dará prórroga para que los servidores públicos presenten la información requerida, misma que será difundida para consulta de todos los capitalinos, en apego a la protección de datos personales.
“Es una política de decirle a los que se portan mal, que se porten bien, que lo hagan bien, por primera vez en la vida, y la miseria en la que se encuentra México se debe precisamente a las malas prácticas y a la corrupción que ha aquejado la historia del país”, expresó.
Desde el 1 de agosto, la Contraloría General del gobierno capitalino comenzó a recabar las declaraciones de intereses de los servidores públicos que ocupan cargo de estructura u homólogos por funciones, ingresos y contraprestaciones.
Con ello, se busca evitar que el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de un servidor o servidora pública, afecte el desempeño imparcial de sus funciones.
El contralor señaló que se trata de “un nuevo modelo, estamos acudiendo nosotros con nuestros contralores internos, en cada una de las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y de las propias delegaciones, a informar el llenado de la declaración”.
Rovelo agregó que esta política busca propiciar políticas para la correcta actuación y comportamiento de quienes laboran en la administración pública local, a fin de dar cumplimiento a la legalidad.
