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El primer litigio relacionado con las fallas de la Línea 12 del Metro llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) solicitó a la Primera Sala del máximo tribunal definir si los jueces federales o locales serán los responsables de resolver las demandas relacionadas con la obra.
A través de la Consejería Jurídica, el gobierno de Miguel Ángel Mancera pidió al presidente de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que ejerza su facultad de atracción para revisar la sentencia de un Juzgado de Distrito que reconoce la competencia de los jueces federales para resolver cualquier litigio relacionado con un procedimiento de responsabilidad o sanción iniciado con motivo de las fallas registradas en la operación y construcción de la Línea 12 del Metro.
A pesar de que el gobierno de Mancera reconoce que no tiene facultades constitucionales para atraer el caso, en el escrito entregado por el GDF el pasado 20 de julio se argumenta que el expediente de la Línea Dorada del Metro es de interés y trascendencia jurídica, ya que no hay criterios sobre la competencia de jueces en litigios vinculados con obras cofinanciadas por la Federación y un gobierno local.
Además, el propio GDF admite que este primer litigio es sólo uno de los muchos que se avecinan vinculados con el deslinde de responsabilidades por las fallas registradas en la Línea 12 del Metro, por lo que se quiere evitar que en cada juicio civil, amparo o apelación que se presente por esta causa, se vuelva a presentar un litigio adicional para definir la competencia del fuero federal o local, retrasando la resolución de fondo.
La petición para que la Primera Sala ejerza su facultad de atracción fue formulada por el Consejero Jurídico del GDF, Jesús Rodríguez Núñez, y los representantes legales del Proyecto Metro, debido a que ambas partes iniciaron un juicio ordinario civil en contra del consorcio que construyó la Línea Dorada, que va de Tláhuac a Mixcoac, la cual tuvo que suspender su operación debido a los vicios de origen detectados en la operación y funcionamiento de la obra.
La demanda presentada por el gobierno de Mancera ante el Juzgado 61 de lo Civil del Distrito Federal incluye a las empresas constructoras Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom Mexicana y Carso Infraestructura, contra las cuales se ejerció la acción declarativa prevista en el Contrato de Obra Pública, para deslindar responsabilidades y hacer válida la garantía por las fallas y vicios que ha presentado la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).
Sin embargo, el consorcio europeo, ICA y la constructora de Carlos Slim presentaron ante la Décima Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) una declaratoria de incompetencia en contra del Juzgado 61 de lo Civil, argumentando que los jueces del fuero local no estaban facultados para resolver dicha controversia.
El argumento esgrimido por separado por Alstom, ICA y Grupo Carso es que se utilizaron recursos federales, provenientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la construcción de la Línea 12, por lo que el caso debería ser revisado por un juez federal en materia civil o administrativa, consideración validada por dos instancias judiciales.
Por su parte, el gobierno de la ciudad argumenta que en el Contrato de Obra Pública firmado el 17 de junio de 2008 estipula en su cláusula 25 que los jueces civiles del DF son los únicos facultados para resolver cualquier controversia entre las partes, independientemente de cualquier causa no prevista en dicho contrato, incluyendo un cambio de domicilio legal de las propias empresas.
El GDF explica que la aplicación de recursos federales se dio después de iniciada la misma en virtud de un acuerdo de colaboración firmado el 23 de julio de 2009, por lo que la cláusula citada es aplicable para toda la vigencia del contrato.
Estos argumentos fueron desestimados primero por la Décima Sala Civil del Tribunal del Distrito Federal y después por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil, instancias que dieron la razón a ICA, Alstom y Carso Infraestructura, confirmando la incompetencia del juez local.
El GDF interpuso el recurso de revisión en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, pero como es necesaria una interpretación constitucional novedosa para dictar el fallo definitivo, solicitó la atracción por parte de la SCJN.
“Dada la importancia del asunto y de los procedimientos que sin lugar a dudas se promoverán en el futuro con motivo de la fallida Línea 12 del Metro, la determinación de qué fuero es el competente para conocer de todos estos procedimientos derivados del Contrato de Obra, es un asunto que amerita que sea este H. Máximo Tribunal quien resuelva dicha cuestión competencial”, explica la petición.
