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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recibió una queja la cual está radicada en la Tercera Visitaduría, de un grupo de taxistas que aseguran son afectados por los servicios que ofrece Uber, el documento ya es analizado por el organismo, quien de inmediato solicitó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) información sobre los requisitos y cobros que se necesitan para expedir las placas para un taxi y los cobros que se le hace a Uber.
El objetivo de la CDHDF es determinar, si hay una sobre regulación en el proceso de la obtención de las placas y sí en el caso de Uber, pudiera existir una ausencia de estos procesos, de ser así, según la Comisión, se estaría beneficiando a solo un sector de estos prestadores de servicios, lo que ha desatado una lucha que ya pasó de las palabras a las agresiones.
Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, detalló también que se investiga a las personas que interpusieron la queja para determinar a qué grupo pertenece, pues no supieron decir si son taxistas agremiados, afiliados a un sindicato o simplemente trabajadores del volante afectados por la aplicación, que según autoridades capitalinas, trabaja de manera regulada.
Ante los hechos de violencia consideró que la administración local debe garantizar la seguridad de todos e imparcial en la regulación.
“Nos preocupa por un lado la sobre regulación que tienen los taxistas, hay que decirlo con toda claridad, cuántos requisitos y condiciones se le están dado a los taxistas de la ciudad que no propicien un adecuado servicio o que los tenga en una situación burocrática de andar pidiendo las licencias, la certificación o toda su documentación, etcétera cada determinado tiempo.
“Y por otro lado, qué tipo de regulación y bajo qué naturaleza jurídica están operando el tipo de servicio que da Uber, nosotros lo que pedimos a las autoridades encargadas de esto es un tipo de reflexión más amplia que implica las nuevas modalidades del servicio que se está dando. El problema no es problema hasta que pasa algo, entonces se necesita saber ante una situación de riesgo o de siniestro que condiciones está presentando Uber para este efecto”.
Para entender esta situación, la CDHDF envió solicitudes de información al GDF con la finalidad de obtener una explicación más amplia de cómo va a llevar a cabo una regulación integral, el tema de movilidad, de prestación del servicio en transporte público sobre las nuevas modalidades como Uber y Cabify, así como la regulación en los taxistas.
De esta manera se busca que las revisiones y regulaciones puedan ser “parejas” y que no se vea como un aparente favorecimiento hacia un solo grupo, “estamos viendo qué formas de regulación está manejando el propio Gobierno hacia estas instancias y que no sea tampoco una cuestión que ser convierta en una regulación exprofeso para un caso particular, tiene que se una política integral y amplia porque si no pareciera que se le está cargado, en caso concreto, a un solo sector”.
“De las solicitudes de información derivadas de la queja salió que se iba a hacer un fondo especial, debemos saber dónde se estaba pagando, es decir; el Gobierno debe transparentar la situación para que no haya malos entendidos y sobre los taxistas, estamos verificando cuales son regularizaciones excesivas que tienen”, puntualizó la titular de la CDHDF.
