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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
El Gobierno del Distrito Federal desplegó un operativo para evitar que alrededor de 800 toreros, vendan en calles del Centro Histórico.
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, informó que en el dispositivo participan mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), quienes de manera indefinida vigilarán el Perímetro A del centro.
Entre las vialidades vigiladas están: Avenida Juárez, Correo Mayor, Moneda, Pino Suárez, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, Madero, República de Brasil, Tacuba, República de Chile, Donceles, Mixcalco, Leona Vicario, Manuel Doblado, Lecumberri, República de Uruguay, 5 de Mayo, Seminario y Eje Central (desde Arcos de Belén hasta República de Perú).
Mercado destacó que este operativo da continuidad al implementado la semana pasada en José María Izazaga, en el que fueron retirados 286 comercios de la vía pública.
Serán reubicados. La secretaria de Gobierno afirmó que los toreros no podrán regresar a las calles del Centro Histórico, por lo que se les dará la posibilidad de ingresar a algunas de las 45 plazas comerciales ya existentes e incluso podrán ocupar las paredes exteriores de las mismas.
“Vamos a entrar también a dialogar con las organizaciones representativas, los dirigentes representativos de esas organizaciones para ver en estas 45 plazas qué más tenemos que hacer, qué tenemos que invertir para que sean plazas donde puedan desarrollar legalmente su trabajo de venta de artículos”, comentó.
Patricia Mercado reconoció que estas plazas requieren de una inversión de alrededor de 100 millones de pesos para su mantenimiento y rehabilitación, así como de una campaña de difusión para que la gente las conozca e incrementen sus ventas.
Adelantó que para dar cabida a todos los comerciantes se tiene proyectada la construcción de nueve plazas más distribuidas en inmediaciones del perímetro A del Centro Histórico.
Para ello, apuntó la secretaria, el Fideicomiso del Centro Histórico ya realiza un estudio, aunque para su construcción se prevén expropiaciones y una inversión de alrededor de 70 millones de pesos.
“Si ellos aceptan su retiro, nosotros también nos comprometemos a que estén en algún lugar. No son los enemigos, en realidad el enemigo es la precariedad laboral en la que viven y tenemos que garantizar este derecho”, expresó la funcionaria.
La titular de la Secretaría de Gobierno agregó que para dar seguimiento a esta política de liberación del espacio público se trabajará de manera conjunta con los delegados, para que no sólo se atienda el problema del comercio ambulante en el Centro Histórico sino en toda la ciudad.
