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La designación de Manuel Granados Covarrubias al frente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (Cejur) no es vista con buenos ojos por vecinos de por lo menos seis delegaciones, quienes manifestaron su temor de que las leyes recién aprobadas en la Asamblea Legislativa (ALDF) en materia de Uso de Suelo sean avaladas a pesar de que son ilegales.

“(Granados) se convierte en juez y parte porque al ser el brazo jurídico del jefe de Gobierno en cualquier tema de ley podrá trabar o acreditar leyes o reglamentos de acuerdo con los intereses que ha defendido con anterioridad”, aseguró María Teresa de las Rivas, de la Voz de Polanco.

Hace unos días, en sesión extraordinaria, el Pleno de la ALDF discutió 47 dictámenes de cambios de Uso de Suelo; seis fueron aprobados, 27 rechazados y 14, devueltos al gobierno central.

Vecinos de las delegaciones Coyoacán, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Tlalpan señalaron que con Granados en la Consejería la mayoría de las leyes que por ahora fueron rechazadas en breve puedan aprobarse por decreto y en materia de desarrollo urbano quedará un mal sabor de boca.

“No me parece un buen nombramiento porque viene de tener un control ahí en la asamblea y nuestra única esperanza es que Morena sea mayoría y, de verdad, sea un contrapeso, porque si es el PRD estamos fritos, ya que va a ser el palero y sus amigos”, agregó De la Rivas.

El consejero jurídico se comprometió a que todo lo que tenga que ver con la formación de leyes en temas particulares, como el desarrollo urbano, sean los propios ciudadanos quienes aporten ideas.

Juez y parte. Entre las leyes que ahora están en la cancha de Manuel Granados y que fueron aprobadas por la ALDF hace un año, cuando el ahora consejero jurídico era presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, está la de jóvenes, ante la falta de armonización del nombre de la ley con el contenido y de que no había claridad en la definición de qué es un joven.

Hace dos semanas fue aprobada por los legisladores pero, de acuerdo con el panista Orlando Anaya, esta ley sigue presentando lagunas. Toca a la Consejería Jurídica avalar y rechazar dicha disposición.

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