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El reciente nombramiento de la contralora de la Auditoría Superior de la ciudad de México, María de la Luz Torrijos Villaseñor, causa polémica entre diputados salientes y entrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), debido a que la encargada de fiscalizar y dar transparencia a los recursos públicos cuenta con una demanda por adeudo hipotecario en su expediente profesional.
La diputada local Ernestina Godoy fue la única que manifestó públicamente su inconformidad y rechazo ante la designación fast track de Torrijos Villaseñor, quien habrá de permanecer en el cargo por siete años, puesto creado por el órgano legislativo local el 30 de abril de este año y que por mayoría perredista fue avalado por el Pleno de la ALDF hace unos días.
De acuerdo con el portal Buholegal, Soluciones Jurídicas e Informáticas, la contralora presenta una demanda en Morelos con número de expediente 521/2011, en el Juzgado Civil Xochitepec.
La también licenciada en Derecho es referida en esta lista, en donde se señala la existencia de 12 acuerdos emprendidos por Marco Antonio Granados Morales, apoderado legal de Patrimonio SA de CV, Sociedad de Objeto Limitado contra María de la Luz Torrijos por un asunto Especial Hipotecario Auto.
El que también expresó su inconformidad y que incluso calificó como una imprudencia que la Sexta Legislatura realizara nombramientos para los próximos periodos fue César Cravioto, quien coordinará la bancada de Morena.
Godoy y Cravioto coincidieron en que la ALDF no debe ser sorda al reclamo popular y que era imperativo analizar con mayor cuidado dicho nombramiento.
Torrijos Villaseñor, quien cuenta con 30 años de trayectoria, fue cuestionada por Godoy al señalar que en materia de fiscalización uno de los temas más relevantes en el fortalecimiento de las instituciones es la transparencia.
Puso como ejemplo la compra y coacción del voto donde habrá de investigarse un posible desvío de recursos a través las instituciones públicas en los pasados comicios: “Se dispone de recursos humanos para extorsionar empresas y se condicionan los programas sociales a la emisión del voto. Si ello no lo observa el órgano de fiscalización y control, estamos frente a acciones de estimulación y encubrimiento”
