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El caso contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre “no está cerrado”, ya que hay dos averiguaciones previas presentadas por víctimas ante la PGR que no se han concluido, además de que se solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga un amparo pendiente, aseguró Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
En entrevista para EL UNIVERSAL TV, detalló que una de las denunciantes relató que se encontró un anuncio en el periódico y acudió a una cita para obtener la vacante. Mientras se desarrollaba la entrevista, fue privada de su libertad por siete horas. De hecho, un sujeto le pidió que demostrara que podía hacer sexo oral, lo que ella rechazó. Incluso, le dijeron que “en ocasiones” tendría que ir a table-dances que eran propiedad de Gutiérrez de la Torre.
Otras dos jóvenes también acudieron a la cita. A una le dijeron que había vacantes en “puestos de imagen” (para estar en la recepción), y otras de “edecanía completa”, que implicaba sexo oral y vaginal para el dirigente.
Como representante legal de estas mujeres, luego de que se declinó la competencia de la PGJDF, interpuso un amparo, que perdieron, por lo que solicitaron su revisión. En caso de que el resultado nuevamente les fuera adverso, pedirían la intervención de la Suprema Corte.
El argumento, aclaró, es que los partidos políticos “son instituciones de interés social” y están desviando recursos públicos para el pago de ese tipo de “servicios”. Detalló que para cuando estalló el escándalo, en la nómina del PRI-DF había 227 “auxiliares administrativas”, cuyo pago implicaba 38 millones de pesos al mes.
Teresa Ulloa reiteró que el político también tendría una orden de aprehensión en Cuba, por el delito de trata, por lo no puede ingresar a la isla.
