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sara.cantera@eluniversal.com.mx
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios, dijo que las empresas de red de transporte por aplicaciones tecnológicas como Uber y Cabify no deben ser reguladas de manera similar a los taxis, pues es una nueva modalidad de transporte.
“Como es un servicio distinto al que brindan los taxis, se debe regular de una manera distinta a éstos y recomendamos que no se regulen cosas como que haya placas, que haya cromática o cuestiones como que cuenten con un número autorizado de automóviles que puedan circular”, dijo Palacios al ser entrevistada al término de su participación en el Foro Forbes de Mujeres Poderosas.
La presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica explicó que debido a que estos servicios son una nueva modalidad de transporte, se deben regular para darle certeza a las empresas para operar y a los consumidores de que el servicio seguirá funcionando.
“Lo que estamos recomendando es que se reconozca esta nueva modalidad de transporte en la regulación y que la regulación tome aspectos que son básicos de protección al usuario y de certidumbre, que tienen que ver con que los coches tengan seguros de cobertura amplia, para que puedan cubrir al pasajero y cuestiones mínimas de los antecedentes de los choferes”, dijo Palacios.
La Cofece mencionó que en la medida en que haya más servicios, los usuarios también van a estar mejor, por lo que éste también podría ser un buen momento para revisar la regulación de los taxis, no sólo a las empresas que ofrecen movilidad a través de las redes o aplicaciones móviles.
“El mercado es muy amplio y de hecho la base de consumidores es distinta. Cuando uno analiza al consumidor de las ERT (Empresas de Red de Transporte) necesitas tener un teléfono móvil y necesitas estar bancarizado, porque el pago es a través de tarjeta de crédito y quien no tiene una tarjeta de crédito no puede ser consumidor. El mercado es amplio y caben los dos”, aseguró Palacios.
La presidenta de la Cofece reiteró que su único mandato es proteger y promover la competencia y libre concurrencia en los mercados, no defender a empresas o particulares.
