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El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dio a conocer la presentación de nuevas iniciativas en el Congreso Local para endurecer las penas contra propietarios de giros rojos que violen los sellos de clausura; sancionar con inhabilitación a los policías de cualquier nivel, que pierdan o extravíen armas o equipo a su cargo y una tercera para crear un Centro Estatal de Medidas Cautelares.
Durante un anuncio del ejecutivo estatal realizado en Casa Estado de México, el mandatario dijo que en el primer caso se trata de evitar que giros rojos, donde se expenden bebidas embriagantes y pueden ser proclives a que se cometan otro tipo de delitos, continúen operando al margen de la ley, con lo cual ahora habrá cárcel para quienes incurran en la violación de los sellos.
Explicó que en el caso del endurecimiento de sanciones a propietarios de “giros rojos”, o también llamados “giros negros”, se envió una iniciativa al Congreso Local para reformar el primer párrafo del artículo 124 y se adicione el artículo 124 Bis del Código Penal del Estado de México, que tiene por objeto establecer los supuestos del tipo penal, relativo al quebrantamiento de sellos impuestos por la autoridad, y aumentar la penalidad en contra de los responsables.
Dijo que tan solo del año 2013 a la fecha se han abierto 42 carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, por el daño a los sellos de clausura en estos establecimientos.
Actualmente la pena es de 2 a 5 años de prisión y de 30 a 300 días multa, sin embargo con la reforma, de aprobarse, se pretenden imponer de 3 a 7 años de prisión y una multa equivalente de 100 a 500 días multa al que quebrante los sellos “o a quienes estando colocados, continúen con sus actividades”, con lo cual se evita dijo, que los negocios sigan operando “por la puerta de atrás”.
La segunda iniciativa es para reformar el artículo 207 de la Ley de Seguridad del Estado de México, mediante la cual se proponen sanciones contra funcionarios de instituciones de seguridad, procuración de justicia o personal de instituciones privadas de seguridad, que extravíen por negligencia o dolosamente dañen, alteren, sustraigan o entreguen a un tercero, fuera de los casos de revisión o los previstos en las normas aplicable, los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones.
En todos los casos en que la conducta sea dolosa o reincidente, además de las penas señaladas, se impondrá la destitución, cese, baja o inhabilitación, para formar parte de una corporación de seguridad pública, señaló.
En este año, la PGJEM ha iniciado 10 carpetas de investigación por extravío o pérdida y 27 carpetas por robo, abarcando un total de 60 armas.
Otra iniciativa más propone la creación del Centro Estatal de Medidas Cautelares, como una unidad administrativa de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), con la cual se busca despresurizar el sistema penitencia y que personas que enfrentan delitos no graves, lo hagan en libertad.
