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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberán analizar una propuesta para no invalidar en su totalidad la Constitución de la Ciudad de México, como pretendía la Procuraduría General de la República (PGR).
El proyecto busca resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR, Morena y el Partido Nueva Alianza.
El ministro Javier Laynez Potisek fue el encargado de realizar la propuesta, misma que fue modificada y su nueva versión fue difundida ayer en la página electrónica de la Corte.
El proyecto original fue repartido desde el 3 de agosto y en él solamente se analizaba la materia electoral con la que se regiría la capital de México, por lo que este nuevo proyecto adicionó los puntos que antes no estudió.
En su demanda, la procuraduría argumentó que la Constitución capitalina debía ser declarada nula en su totalidad porque hubo supuestas irregularidades en el proceso legislativo en el que se aprobó.
Impugnó 19 artículos relacionados a las comunidades indígenas y a derechos de los discapacitados argumentando que no existió una consulta pública previa, con representantes de estos sectores.
El ministro respondió que al tratarse del documento fundacional de la Ciudad de México, no regula una problemática particular de ciertos grupos como los indígenas o los discapacitados, por lo que no es obligatoria la consulta previa, debido a que se trata de una norma de carácter general.
“No es un texto normativo que de manera particular regule una problemática de las personas con discapacidad o las comunidades indígenas, o que atienda una problemática que de manera especial los afecte en virtud de su especial situación como grupo vulnerable”, explicó.
El escrito firmado por el procurador Raúl Cervantes indicó que la Conferencia de Armonización de la Asamblea Constituyente actuó de manera irregular en el proceso.
“La Conferencia de Armonización no llevó a cabo de manera uniforme las votaciones para la aprobación de lo diversos dictámenes”, indicó la Procuraduría General de la República.
Al respecto, el ministro Laynez niega que la Conferencia de Armonización tuviera funciones de Comisión Legislativa y que no aprobó dictámenes.
“La Conferencia de Armonización no contaba con atribuciones propias de una comisión legislativa, debido a que sus funciones no tenían por objeto una creación normativa específica ni la aprobación o no de los dictámenes que las propias Comisiones Parlamentarias emitieran, pues estaba impedida para ello; únicamente se ciñó a fungir como órgano interno de armonización e integración del texto constitucional local, a fin de garantizar la congruencia jurídica de ese ordenamiento, para posteriormente rendir y publicar un informe que sería sometido a la aprobación del Pleno”, indicó el ministro.
En materia electoral, el ministro propuso invalidar los artículos que regulan la integración del Congreso local la reelección de diputados, la elección de los Concejos de Alcaldías, así como los requisitos para poder declarar nulas las elecciones.
