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El proceso para escuchar a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes e incluirlos en el proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México continuará con el fin de obtener su consentimiento, indicó Margarita Martínez Fisher, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa.
“Ha quedado claro que falta concluir el procedimiento de consentimiento, es algo que también ha ido caminando y ese es uno de los compromisos”, señaló durante la última audiencia pública de observaciones al proyecto.
Llamó a los partidos a “que saquen las manos de los pueblos y barrios y eviten lucrar políticamente, no necesitan un tutelaje, ellos pueden hablar por su cuenta”.
Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, también dijo que se debe evaluar “hasta dónde los pueblos y barrios van a tener la última palabra” en esta dictaminación.
Martínez sostuvo que no permitirán los amagos de violencia y que no habrá albazos; prometió que el dictamen que surja para subirse al pleno, primero se hará público.
Advirtió que la normatividad urbana debe cambiar; de seguir con la actual, continuarán los amparos de desarrollos inmobiliarios para hacer proyectos que al final son avalados por jueces y, de esa forma, en los hechos “los juzgadores son los verdaderos legisladores”.
Refirió que no renunciarán como diputados a sus facultades para dictaminar en la materia de desarrollo urbano y “no vamos a permitir que esta discusión esté secuestrada por intereses políticos”.
Cuestionó que el Bando 2, que aprobó Andrés Manuel López Obrador en el gobierno capitalino en 2000, fue la peor normatividad y que subsiste en el Plan General de Desarrollo Urbano de 2003, que es el que está vigente.
