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Ahora que el papá de Antony está en la palestra y busca reclamar a su vástago, la situación se vislumbra complicada para el niño, pues a decir de especialistas en temas familiares, no es tan sencillo que el menor sea devuelto con sus padres. Incluso existe el riego que el gobierno de Estados Unidos les quite la potestad.
En caso de llegar a comprobar que los padres cayeron en una omisión de cuidados o abandono del menor, el gobierno estadounidense podría darlo en adopción.
Este trabajo también lo tienen que realizar las autoridades mexicanas, se deben de aplicar los exámenes y las pruebas necesarias —en este aso a quien afirma ser el padre del niño— y comprobar que es apto para el cuidado del menor.
Este proceso no es sencillo, en promedio tarda de entre cuatro a seis meses, tiempo en el que Antony debe estar bajo el resguardo de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, que también tiene ese lapso para imputar o dejar en libertad a los tíos del niño que, según la autoridad investigadora, son los responsables del cautiverio del que fue víctima.
“Es un proceso lento, no tan rápido como el papá piensa. En todo eso participan y lo tienen bajo la lupa la Secretaría de Relaciones Exteriores, como órgano revisor; también la Secretaria de Gobernación y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y al final estos son los encargados de determinar la resolución donde se determine si es procedente o no la restitución del menor.
“El juez, con plenitud de jurisdicción, ordena desde una plática con el menor donde pueden estar los padres, y de acuerdo a la resolución que dicten en el país de origen, entonces si hay un proceso de restitución es porque el país de origen tiene una sentencia que puede determinar la custodia final”, explicó José Antonio Navarrete Hernández, Juez 37 de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local.
La situación de los padres es complicada, pues aunque la madre Dawn “N” es estadounidense, al igual que Antony, hace cuatro años perdió la custodia y se lo dejó al padre en Acapulco, mientras que el papá, que ingresó de manera ilegal, aún espera la aprobación de su residencia.
Mientras esto sucede, trabaja ocho horas al día, los siete días de la semana en construcciones y obras esporádicas, lo que se complicaría brindarle la atención necesaria. La siguiente opción serían sus abuelos paternos radicados en Acapulco, pero hasta el momento ninguna autoridad se ha acercado con ellos.
