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Quien venda bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes a menores de edad en la vía pública será castigado con siete años de cárcel y una multa económica de 500 a mil días de la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México.
Esto, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara reformas al Código Penal local para fortalecer el combate a la corrupción en puestos ilegales que se instalan en tianguis o puntos de concentración y venden bebidas alcohólicas a los menores de edad.
Carlos Candelaria, diputado promovente de la iniciativa, explicó que en la adolescencia los jóvenes sufren diversos cambios físicos, hormonales y de carácter, situación que los hace vulnerables y esto es aprovechado por personas que instalan puestos ilegales para dotarlos de bebidas embriagantes.
“Sin duda el reformar la fracción tercera del artículo 185 del Código Penal refuerza el marco legal para proteger a los menores de edad, quienes enfrentan múltiples circunstancias de vulnerabilidad en cualquier entorno social”, precisó el asambleísta.
Estudios realizados por el Instituto de Atención y Prevención a las Adicciones de la Ciudad de México refieren que en la actualidad la edad promedio donde se inicia el consumo de bebidas alcohólicas es entre los 12 y 13 años.
El también líder de la bancada del Partido Encuentro Social sostuvo que la mayoría de los adolescentes consume primero cerveza en grupo y después en la vía pública.
“No existe un control en este tipo de situaciones, por ello es necesario implementar sanciones que castiguen de manera contundente a quienes introduzcan o proliferen el alcohol y el consumo de estupefacientes entre los más jóvenes de nuestra Ciudad”, externó.
Comentó que información de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) alertan que los riesgos de accidentes, actividades sexuales riesgosas y mayor vulnerabilidad para la victimización de los adolescentes suceden cuando están intoxicados, y ello implica una disminución en la esperanza y calidad de vida.
Además de que el alcohol es consumido por los adolescentes como un desinhibidor y medio facilitador de cohesión social, pertenencia a un grupo, así como de estatus de adquisición de adultez.
“Al estar en estas etapas de construcción de personalidad, se convierten en una población totalmente vulnerable a cualquier tipo de abusos y riesgos donde sean víctimas de delitos o incluso convertirse en menores infractores y debemos protegerlos”, aseguró el asambleísta del Partido Encuentro Social en la Asamblea Legislativa.
