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La persona que sea nombrada en próximos meses como el primer fiscal especializado en combate a la corrupción de la Ciudad de México durará siete años en su cargo, por lo que estará al frente de este órgano durante todo el sexenio siguiente, de acuerdo con el dictamen de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México que el pleno de la Asamblea Legislativa pretende aprobar este lunes.
La iniciativa de ley propone, en el artículo transitorio sexto, que el nombramiento del primer fiscal, que formará parte del sistema local anticorrupción, se efectuará a más tardar 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este ordenamiento.
De modo que si el gobierno local promulga la norma este mismo mes, como máximo, en septiembre de este año, debería estar lista la designación.
El transitorio agrega que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tendrá que proponer una terna al órgano legislativo en el plazo máximo de 10 días hábiles después de la promulgación de la ley y serán los diputados, a través de las comisiones de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las que valoren los perfiles y propongan al pleno dicha terna.
En la elaboración de la iniciativa participaron las distintas bancadas de la Asamblea, excepto el grupo parlamentario de Morena, que se ha inconformado con el paquete de 11 iniciativas para conformar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y que de acuerdo con las últimas encuestas de EL UNIVERSAL, es el partido con más posibilidades de ganar el gobierno de la ciudad en las elecciones de 2018.
Estas reformas deberán aprobarse a más tardar el 19 de julio, conforme a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que ordena a las entidades federativas y a la capital a tener listos sus sistemas locales como máximo un año después de la promulgación de la ley general, lo cual ocurrió el 19 de julio del año pasado.
Conforme al artículo 68 de la iniciativa aprobada el jueves pasado, todo titular de la fiscalía será designado mediante la aprobación por mayoría simple del Poder legislativo local, tras haber seleccionado de una terna que haya propuesto el jefe de Gobierno.
Sin embargo, este proceso se contrapone con el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México, debido a que éste último dice que el Ministerio Público tendrá fiscalías especializadas para investigar delitos complejos y “sus titulares serán designados por mayoría calificada del Congreso”.
