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david.fuentes@eluniversal.com.mx
Una Biblia, un crucifijo de madera que por generaciones perteneció a la familia, un fólder con una carta póstuma dentro y sobre el documento una pistola calibre .25, todo perfectamente acomodado junto al cuerpo de las dos gemelas y el hijo mayor de 10 años fue lo que encontraron los peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México cuando ingresaron a la habitación principal de la familia que vivía en la colonia San Bernabé, Magdalena Contreras.
Mireya, la madre, decidió asesinarlos con una sobredosis de medicamentos. No dejó cabos sueltos, pensó en todo y repartió culpas por su separación, por cómo la justicia la había maltratado y fue tajante: jamás entregaría a los niños a su padre. Al revisar la carta en la que explicaba todo, los peritos no daban crédito a lo escrito.
La madre de 38 años de edad había dejado instrucciones específicas a uno de sus familiares. La pistola estaba cargada y tenía justamente tres tiros, uno para cada uno de los menores; “si los niños sobreviven, ahí está la pistola con las balas, no los dejen que sufran”, rezaba el documento en poder de las autoridades y que ya es investigado, pues mencionó a varios integrantes de su familia que aparentemente sabían o intuía lo que tenía planeado.
Según los primeros datos de la investigación, Mireya padecía una profunda depresión desde 2014, año en que el Juzgado 11 de lo familiar le notificó la pérdida de la custodia de sus tres hijos (Emiliano, de 10 años, y las gemelas Arantza y Regina, de seis años); fue multada dos veces porque se negaba a la orden judicial.
Del padre sólo se sabe que es un empresario dedicado a la importación de productos chinos. A pesar de haber ganado la custodia, sólo veía a los niños entre cinco y 10 minutos a la semana en instalaciones “seguras” que proporcionaba el Tribunal Superior de Justicia capitalino, exigiendo la mujer garantías de que no se los llevara; sin embargo, los niños al ver al padre de inmediato lloraban.
A los infantes les realizaron a pruebas sicológicas y el juzgado determinó “alienación parental”; según los exámenes que les practicaron, los niños fueron inducidos para tener cierto resquemor al papá. Con los antecedentes el problema se agudizó y la juez le notificó entonces que debería entregar los niños al padre o, de lo contrario, tendrían que llevarla presa.
El expediente destaca que Mireya denunció en dos ocasiones al papá, lo acusó de violación y violencia doméstica; sin embargo, no se ejerció la acción penal, pues aparentemente todo quedó en los dichos, ya que los peritajes que le realizaron salieron negativos. La juez que llevaba el caso también fue notificada de este hecho y abonó en contra de la madre.
Fue entonces que Mireya se refugió en casa de sus padres, ni sus amigos cercanos sabían de ellos.
Sus padres protegían a los cuatro, las autoridades desconocen si sabían del plan de la mujer. La investigación se extendió al círculo familiar y esperan que la única sobreviviente, su madre y abuela de los tres niños, se recupere y rinda su declaración.
Hasta el momento no queda claro qué sucedió y si algún integrante de la familia o de su círculo cercano sabía de este plan y si pudo evitar la tragedia. Se desconoce también qué sustancia química les suministró.
