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Sin embargo, un menor —quien dijo sentía lástima por el— denunció el punto exacto donde se encontraba, pues los policías ya estaban por retirarse del número 61 de la calle Cabo Catoche cuando el niño los interceptó; “¿ya se van, ya buscaron bien?”, les dijo a los Policías de Investigación mientras con su mano derecha señalaba el lugar donde estaba Antony; un cuarto en el sótano de la vivienda.
Al fondo se encontraba el menor amarrado de pies y manos con una cadena y con cinta adhesiva en la boca; cuando vio a los policías empezó a llorar. Los uniformados de inmediato lo taparon, lo abrazaron y lo llevaron la hospital donde dicen, no dejó de llorar hasta que se cansó y durmió por ocho horas seguidas.
Quienes tomaron el caso dieron a conocer que Antony está por cumplir siete años; su avanzado estado de desnutrición lo hacía ver como de cinco, aunado a un retraso en el habla, lo que complicó que se comunicara correctamente con los uniformados.
El examen médico reveló que el menor presenta por lo menos 20 laceraciones provocadas por la tortura a la que era sometido.
Las autoridades determinaron que el menor tenía toda su vida viviendo en esas condiciones. Nunca salió a la calle ni tuvo contacto con otras personas, excepto con el niño que delató su ubicación, pues en un par de ocasiones intentó acercarse a dialogar con él pero fue corrido por los supuestos tíos de Antony, ya que no querían que en ese domicilio donde vivían siete personas, inclusive tres menores de edad, se hablara de él.
En sus primeras declaraciones, los imputados Juan Carlos “N” y Olivia “N” se dijeron inocentes y que desconocían que el niño estaba encerrado, pues en la casa viven tres familias. Dijeron incluso que los padres un día salieron y lo abandonaron; las autoridades investigan los dichos para corroborar que no tengan relación.
El delegado Víctor Hugo Lobo corre con los gastos del menor.
