La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México condenó los presuntos actos de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus familias y exigió esclarecer los hechos con una investigación exhaustiva e imponer las sanciones a las personas responsables.
Perla Gómez Gallardo, titular del organismo señaló que es preciso que la investigación de los hechos transparente si instancias gubernamentales han adquirido el programa diseñado para recopilar información confidencial del teléfono inteligente, precisando con claridad la justificación para su compra; así como, el uso que se le pudiera haber dado en relación con las personas señaladas en el informe.
“En un Estado de Derecho , las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite y no deben causar actos de molestia a las personas sin que medie mandato escrito, fundado y motivado de autoridad competente”, explicó la Ombudsperson .
Gómez Gallardo comentó que las actividades de intervención de comunicaciones solamente pueden ser autorizadas por la autoridad judicial, ante la existencia de elementos que respalden la petición. Por ello, es importante que se determine quiénes utilizaron el programa, los motivos de su uso y, en su caso, se les impongan las sanciones penales correspondientes.
La presidenta de la CDH capitalina lamentó estas acciones que contravienen los principios fundamentales de derechos humanos, en concreto al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , que establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
“Asimismo, infringe la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, en la que se establece la legítima labor de defender y procurar la realización de los derechos humanos, así como la responsabilidad de los Estados para garantizarla y protegerla”, explicó Gómez Gallardo.
La Ombudsperson argumentó que esta situación, se enmarca en un contexto de crisis en materia de derechos humanos en México, en la que periodistas y personas defensoras de derechos humanos, han sido atacadas sistemáticamente.
“En este contexto, la CDH condena enérgicamente cualquier acto que intimide, inhiba y/o silencie la labor de defensoras, defensores y periodistas en México. Es por ello que a través de sus Relatorías por el Derecho a la Libertad de Expresión y por el Derecho a Defender los Derechos Humanos, exige una investigación expedita e imparcial para señalar y sancionar a las personas responsables, así como garantizar medidas de no repetición” refutó.
Concluyó refiriendo que estos hechos no son menores y las acciones de las autoridades encargadas de investigar y encontrar a los responsables, deben de ser inmediatas, imparciales, implacables, pero sobre todo, efectivas.
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