El valor económico del predio, su potencial de construcción y los intentos de los gobiernos por urbanizarlo, han mantenido envuelto en la polémica el terreno de La Mexicana, propiedad del Gobierno de la Ciudad de México en la zona de Santa Fe.
Los procedimientos para permitir la construcción en este inmueble iniciaron desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando se le asignó uso de suelo habitacional con potencial para construir hasta 8 mil 250 viviendas. En 2012, en la administración de Marcelo Ebrard, surgió la mayor resistencia vecinal, pues se modificó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Santa Fe y se desincorporó el terreno de los bienes del dominio público para su venta.
En aquel momento se estimaba la edificación de 6 mil viviendas de interés social, lo que provocó el descontento de los habitantes de la zona residencial de nivel socioeconómico alto.
ace casi dos años, tras presiones de vecinos, sobre todo de la Asociación de Colonos de Santa Fe, la administración de Mancera y los residentes empezaron a diseñar un plan para La Mexicana.
En últimos meses, surgió una nueva oposición. Vecinos de Álvaro Obregón y Cuajimalpa se oponen a la construcción de las viviendas, argumentan que no se han mostrado estudios de impacto urbano.
