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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
La Ley Electoral de la Ciudad de México aún no está lista en la Asamblea Legislativa y ya se vaticina que provocará mayor burocracia administrativa y económica para cerca de 10 millones de capitalinos reconocidos en el Padrón Electoral.
Permitir un despliegue logístico para realizar 96 elecciones y elegir concejales por circunscripciones que erogarían un gasto millonario, así como un pago anual a éstos por casi 192 millones de pesos, es el panorama de dispendio que, hasta el momento, se vislumbra en el diseño de la Ley Electoral.
Tan sólo para este año, las delegaciones Tlalpan y Tláhuac recibieron como parte del presupuesto 74 millones 639 mil 17 pesos y 66 millones 175 mil 115 pesos, respectivamente.
Además está el hecho de intentar otorgar financiamiento a partidos locales que no tienen registro nacional.
Las fuerzas políticas del PRD, PAN, PRI, Morena y Humanista ya presentaron sus iniciativas. En todas se refleja un costo mayor para la ciudadanía, aunque también un posible empoderamiento para seleccionar a los servidores públicos que habrán de atender y solucionar sus demandas.
Sustentan que desde el texto constitucional está marcada la creación de más burocracia y mayores gastos con la elección de alcaldías que se integrarán por un cuerpo de concejales.
Expertos en temas electorales, diputados locales y hasta asesores de distintos partidos políticos en el órgano legislativo local advierten a EL UNIVERSAL sobre el elevado costo que generará esta ley y que deberá estar aprobada hoy por la Asamblea.
Hasta el momento aún está en el limbo el hecho de que en la elaboración de la ley se puedan concretar elecciones costosas para elegir a seis concejales para las 16 alcaldías.
A diferencia de otros años, en la capital del país no se tendrían tres elecciones sino nueve: seis de concejales, una de Jefe de Gobierno, una de diputados y otra de alcaldes.
De acuerdo con los expertos, el tener nueve elecciones significaría para los votantes un despliegue logístico considerable y una erogación importante en la Ciudad.
Tan sólo el año pasado para votar a 60 de los integrantes de la Asamblea Constituyente, la inversión económica fue de casi 490 millones de pesos.
Los concejales representarían un costo de casi un millón de pesos mensuales por cada órgano administrativo.
Después de llevar a cabo un análisis, el presidente de la Comisión de Administración Pública Local, Adrián Rubalcava, pone como ejemplo que si se contempla las 16 alcaldías y no hay una división territorial por ahora, el costo anual para los capitalinos sería de 12 millones de pesos que, multiplicados por las 16 delegaciones, sumaría el total de los 192 millones de pesos.
Asegura que esta situación representaría un gasto millonario para alimentar más burocracia en la capital del país y, por supuesto, una afectación a los bolsillos de los capitalinos.
Se percibe que los concejales tendrían un costo de 100 mil pesos mensuales por cada uno de los 10 que habrá en cada alcaldía. Sin contar que su sueldo, tentativamente, oscilaría entre los 15 mil y 40 mil pesos mensuales.
Los partidos hablan de garantizar la protección del voto, no se encarezca y que haya reglas claras que permitan la libre competencia en la ley electoral.
Nueva Alianza dice que está comprometido por no encarecer la democracia, pero pide presupuesto para los partidos locales que no cuentan con registro nacional. El diputado Juan Gabriel Corchado expresa que no se puede permitir que sólo los ricos tengan la oportunidad de decidir, argumenta que todo partido debe contar con el sustento económico para mantener abiertas las oficinas y que así como está obligado a cumplir con requisitos de transparencia sería bueno que también tuviera prerrogativas.
El Humanista coincide con lo anterior e incluso dice que a los partidos de reciente creación se les baje el porcentaje a 2% de la votación total para conservar sus registros. Además de que tengan su financiamiento en 2018 para ejercerlo antes de que se realicen las elecciones e independientemente de que conserven su registro.
Actualmente el Código Electoral establece con precisión que aquel partido que en una contienda de diputados no alcance al menos 3% no puede recibir financiamiento público.
El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, opina que estas propuestas llaman a una reflexión seria por parte de los asambleístas para modificar esta disposición y en su caso determinar si pueden o no recibir financiamiento público.
Sin embargo el analista político Eduardo Huchim dice que debe evitarse el burocratismo e impulsar instrumentos ágiles y eficaces con un presupuesto racional para los órganos locales electorales lo que actualmente no pasa con el Instituto Nacional Electoral: “El hecho de que este órgano esté consumiendo 15 mil millones de pesos este año es una desmesura”.
