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La expresidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez, pudo haber incurrido en el delito de lavado de dinero porque tomó recursos del erario público que pertenecían a los salarios de los trabajadores y los desvió hacia cuentas bancarias personales y del Grupo de Acción Política (GAP), señaló el diputado local Mauricio Toledo Gutiérrez.
El asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que ese delito no necesariamente tiene que ver con actividades relacionadas con el narcotráfico, sino hacer trasferencias a cuentas bancarias de una manera no lícita, sin pagar impuestos y sacar un provecho personal.
Expuso que si bien toca al Ministerio Público hacer la investigación correspondiente, el delito se acredita porque depositaron recursos públicos en cuentas bancarias del hermano del actual presidente municipal de Texcoco, Higinio Martínez Miranda, y su asociación política el GAP.
“Los recursos fueron bancarizados; el tema no es la aportación en sí, sino cómo se solicita, cómo se pide y peor aún, cómo se bancariza el recurso y además ahora está en una asociación política que preside el actual presidente municipal y la de su hermano”, insistió el legislador perredista.
En entrevista con Notimex comentó que se desconoce si los recursos que tomó o desvió la actual candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del Estado de México, los utilizó para campañas políticas o si se quedó con ellos, por lo que ahora les toca aclarar dónde está ese dinero o por qué lo tiene en cuentas personales.
Sin embargo, Toledo Gutiérrez consideró que existe un limbo jurídico, que los legisladores están obligados a corregir, de tal manera que cuando se detecten prácticas de ese tipo el Ministerio Público acredite el delito y los jueces puedan dictar sentencia.
Ante toda esta situación, Toledo Gutiérrez comentó que promovió lo que denominó la "ley anti Delfina Gómez", para evitar que en la Ciudad de México se den situaciones similares "que a todas luces son inmorales, antiéticas y, sobre todo, representan un atentado contra el ingreso de los trabajadores".
"Considero necesario reforzar el marco legal, por lo que propongo reformar el Código Penal para perfeccionar el tipo penal y aumentar las penas para aquellos funcionarios públicos que pretendan engordar sus bolsillos a costa de los ingresos de los trabajadores, sean del servicio público o del sector privado", enfatizó.
En su iniciativa se propone que se castigue al servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, les dé una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal.
Además, en el Artículo 273 de Código Penal local señala que el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, se le impondrán prisión de cinco a 10 años, y de 400 a 600 días multa, al servidor público que disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo o comisión.
El legislador perredista destacó la necesidad de evitar que se repitan casos como el del municipio de Texcoco en el Estado de México, en particular durante la gestión de Delfina Gómez.
La ahora candidata al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, ilegalmente cobraba el "diezmo" a los trabajadores del ayuntamiento, mencionó el presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
jlcg
