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El Gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa iniciaron la defensa formal de la Constitución Política de la Ciudad de México al dar respuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del texto fundacional de la capital.
En sus escritos, el gobierno capitalino y la Asamblea antepusieron su solicitud a la Corte para llamar a la Asamblea Constituyente a defender la Carta Magna; argumentan que no son ellos sino dicho organismo el responsable de elaborar y aprobar el texto.
“Hay muchos temas en los que la Ciudad de México tiene la razón y no va a permitir que bajo alguna circunstancia de carácter técnico o en el escritorio se eche abajo el trabajo de millones de mexicanos”, aseguró ayer el consejero Jurídico y de Servicios Legales en la capital, Manuel Granados, al salir de la Corte.
Granados entregó la respuesta de la administración de Miguel Ángel Mancera a las acciones de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y los partidos Morena y Nueva Alianza.
En la contestación, de 302 páginas, el gobierno local expone que los demandantes impugnan contenidos que no corresponden a sus competencias: la PGR no se limita a temas penales ni Morena y Nueva Alianza a lo electoral o la CNDH a derechos humanos.
Sobre la petición de la PGR de invalidar toda la Constitución por irregularidades en los procesos de votación en la Conferencia de Armonización, la defensa indicó en el documento que es improcedente, pues no era una comisión dictaminadora y sus funciones y procedimientos se fundamentaron en el Reglamento Interno de la Constituyente, sobre el cual “hay desconocimiento” por parte de la PGR.
La respuesta encabezada por Granados Covarrubias pide a la Corte abrir audiencias públicas, pues es un asunto “de importancia capital” y el debate debe abrirse a los ciudadanos.
En tanto, Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea, dijo que respondieron el 3 de abril y anexaron dos discos duros con 50 mil archivos sobre la información de la Constituyente, requerida por la Corte.
En su respuesta a los conceptos impugnados, la Asamblea se limitó a decir que “carece de elementos para afirmar algo al respecto”, porque no participó en la creación de la Constitución, aunque señala que no reconoce que las quejas sean correctas y que después podría verter más argumentos.
La Asamblea nombró a por lo menos 31 delegados para su defensa, entre ellos al que presidió la Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas, y otros constituyentes de Morena, PRD, PAN y MC; así como funcionarios del órgano legislativo local.
Mientras que el gobierno capitalino nombró por lo menos a 71 delegados, entre integrantes del grupo redactor del proyecto de Constitución, funcionarios capitalinos y abogados, en su mayoría, de la UNAM.
Manuel Granados aclaró que las controversias constitucionales promovidas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia local y el Senado se responderán en los próximos días, pues los plazos para contestar siguen en curso.
Entre los delegados están Cuauhtémoc Cárdenas, Amalia García, Juan Ramón de la Fuente, Mauricio Merino, Guadalupe Loaeza, Regina Tamés, Fernando Flores Trejo, Eduardo López Betancourt, Miguel Ángel Hernández, así como los redactores y también ex constituyentes Ana Laura Magaloni, Clara Jusidman, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo y Manuel Granados.
