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A partir de este año, la Ciudad de México contará con un sistema de blindaje para evitar y prevenir actos de corrupción con la creación de un fiscalía especializada y la garantía de que la Contraloría General será autónoma y su titular ya no lo designará el jefe de Gobierno.
La Asamblea Legislativa será la responsable de generar este tipo de esquemas que eviten conductas ilícitas, ya que la corrupción acaba con 8% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 14 veces el presupuesto de la UNAM.
Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, detalla a EL UNIVERSAL de qué se trata la elaboración de 11 leyes, seis nuevas y cuatro más que requieren de una reforma que deberán estar concluidas a más tardar en julio de este año.
Las iniciativas ya fueron presentadas en el pleno por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
De acuerdo con el también líder de la bancada perredista, en el órgano legislativo local las fuerzas políticas analizan las propuestas de ley en una mesa de coordinación de trabajo.
Adelanta que, hasta el momento, hay 80% de avance en esta muralla anticorrupción que correrá por todas las líneas de los órganos de gobierno hasta lograr un cruce de información para impedir que particulares propicien o generen esquemas de ilegalidad.
“Para nosotros es importante arribar a ese Sistema Local Anticorrupción, porque es una demanda permanente de los habitantes de la Ciudad, uno de los temas fundamentales en la agenda de la capital pero, sobre todo, es un tema que está presente y que es nuestro deber y obligación ponerlo en marcha”, asegura el perredista.
¿Si les va a alcanzar el tiempo para sacar este tema?, lo pregunto por lo de la ley electoral
—Sí claro, este 2 de mayo vamos a tener un periodo extraordinario por la carga de trabajo que tiene el órgano legislativo local relacionado con el Sistema Local Anticorrupción, con la ley electoral, las leyes secundarias derivadas de la Constitución. Además, a la par se revisa el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad y esto obliga a tener un periodo extraordinario. Los miércoles sesionará la Diputación Permanente y se abordarán sólo los puntos de acuerdo para que durante el extraordinario se presenten iniciativas y se dictamen en el Pleno.
En el caso de la ley electoral, debe estar aprobada antes de que culmine mayo, porque se estaría generando un problema grave, independientemente de lo que apruebe la Suprema Corte de Justicia, porque hay controversias constitucionales y se tiene que avanzar.
¿Por qué arribar a este Sistema Local Anticorrupción?
—Hace unos meses se generaron reformas constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto ha tenido una ruta complicada, ha generado un debate nacional que ha obligado a que participen los diferentes actores políticos, sociales y económicos del país, en un esquema que evitará índices de corrupción y hechos como los ocurridos en varios estados de la República. Se reformaron varias disposiciones y se crearon nuevas, entre ellas, la Ley General Anticorrupción, que establece el andamiaje y la estructura para la creación del sistema a nivel nacional y en cada una de las entidades. Por ejemplo, se creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que son nuevas leyes a nivel federal.
Además, se reformaron la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la Ley de Coordinación Fiscal.
¿Cuándo fueron publicadas?
—Estas reformas fueron publicadas el 17 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ahí se obliga a las entidades del país a que generen los sistemas locales anticorrupción.
¿Cuáles son los temas prioritarios dentro de este andamiaje?
—Seguridad y corrupción. Esto nos obliga como órgano legislativo a trabajar en consecuencia y que se pueda en tiempo y forma cumplir con el establecimiento de este nuevo modelo, esto significa que la Asamblea Legislativa tiene que elaborar las seis nuevas leyes.
La ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México que concentra las disposiciones generales y define el modelo. La ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la capital, ésta es muy importante porque en muchas ocasiones la ciudadanía dice “hay un marco normativo que sanciona conductas irregulares de los ciudadanos, pero ¿qué pasa con los servidores públicos?”. Esta ley definiría la responsabilidad, facultades y sanciones. La ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, estamos hablando de que desaparece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se crea el Tribunal de Justicia Administrativa. .
¿Cómo será este Tribunal?
—Estamos revisando el número de salas con las que contará, las facultades, las obligaciones de los magistrados de este nuevo tribunal y todos los alcances. Se elaborará la Ley de Justicia Administrativa, que va ligada a la Ley Orgánica del Tribunal, pero define con precisión cómo se debe de regular la relación administración gobierno-ciudadanía.
¿Hay alguna más importante?
—La ley de auditoría y control interno, que será nueva y definirá la actuación de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad. La ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate y Corrupción de la Ciudad, para lo cual se creará una figura nueva en la capital del país que es el fiscal Anticorrupción.
¿Cuántas instancias fiscalizadoras tendrá la Ciudad de México?
—Habrá tres instancias fiscalizadoras, revisoras y sancionadoras. La Contraloría General, la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Fiscalía Anticorrupción. Esta última tendría todas las facultades y atribuciones para sancionar, incluso, penalmente
Estas son leyes nuevas, ¿qué pasa con las que habrán de reformarse, cuáles son?
—En primera instancia la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa para poder crear el sistema, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas y el Código Penal. La importancia del sistema es generar un esquema de fiscalización novedoso. Los órganos públicos, las dependencias, los gobiernos delegacionales, y próximamente alcaldías, tendrán una revisión permanente y nuevos esquemas de fiscalización que eviten desviaciones administrativas. Estarán bajo una revisión permanente y más precisa
Ahorita ¿no hay esos esquemas?
—Existen, actualmente a los gobiernos delegacionales y al de la Ciudad los revisan dos instancias, una externa y una interna. La Contraloría General, que es la interna y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que es la externa
La Contraloría ha sido cuestionada por proteger al partido que gobierna. ¿Será autónoma?
— La autonomía es muy importante, ahora el contralor general no va a ser nombrado por el jefe de gobierno, sino designado por la Asamblea Legislativa y, posteriormente, por el Congreso local. Quizá sea elegido a partir de una terna, falta definir esta parte.
¿Qué gana la ciudadanía?
—La seguridad y confianza de que ahora tendrá toda una estructura jurídica y administrativa que no sólo sancione, sino que evite actos de corrupción en la Ciudad de México.
