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El consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, estimó que la próxima semana será recibido por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, para hablar sobre las impugnaciones que hay en contra de la Constitución de la Ciudad de México.
“La audiencia solicitada es para fijar la posición del gobierno de la ciudad en torno a la posibilidad de que las y los constituyentes sean llamados a la defensa del caso”, explicó el funcionario luego de encabezar una jornada del programa El Abogado en tu casa, junto al kiosko Morisco de la colonia Santa María La Ribera.
A su vez, mencionó que buscará al ministro Javier Laynez, quien analiza las acciones y controversias constitucionales, para pedirle que las audiencias del caso sean públicas y se trace un cronograma de atención a los 60 delegados nombrados por el gobierno para defender la Constitución.
Dijo que a estos delegados se han sumado personalidades como José Woldenberg y María Rojo, al tiempo que se alista la respuesta para las controversias constitucionales, que debe presentarse como máximo el 4 de mayo.
Analizan ajustes a Plan urbano en Álvaro Obregón
En tanto, luego de que la secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda envió a la Consejería Jurídica el miércoles pasado un análisis para derogar una norma urbana con el fin de contener el colapso de la movilidad y servicios debido a numerosas obras en construcción en las avenidas Desierto de los Leones y Toluca, en Álvaro Obregón, Manuel Granados informó que se realiza una evaluación de este resolutivo.
Dijo que esta semana que inicia habrá un dictamen, con el fin de que eventualmente la Asamblea Legislativa se encargue de aprobar una iniciativa de derogación de la norma de ordenación por vialidad, contenida en el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón.
En dichas avenidas el uso de suelo es habitacional con máximo de tres pisos pero la norma permite edificar un nivel más, así como comercios.
Raúl Flores, diputado del PRD, dijo que este ajuste es necesario y señaló que no se requiere una consulta pública para dejar sin validez la norma por vialidad, como han señalado algunos vecinos.
pmba