Magistrados de la Quinta Sala Penal confirmaron sentencia de 31 años, 10 meses, 15 días de prisión contra un hombre, quien fue encontrado plenamente responsable del delito de trata de personas agravada.
El expediente señala que la víctima y el sujeto se conocieron en Tabasco, en donde la joven vivía de forma precaria, situación que el sentenciado aprovechó para enamorarla y llevarla a a Puebla con la promesa de que ahí tendría una vida mejor.
Tras un mes de noviazgo, el imputado convenció a la afectada de ejercer prostitución en un bar de aquella entidad, pues supuestamente tenía deudas económicas y necesitaba apoyo de manera temporal.
Tiempo después, el delincuente trasladó a la muchacha a Tenancingo, Tlaxcala, y luego a la Ciudad de México, donde la obligó a realizar el comercio sexual en la Merced, durante un año.
Luego, el individuo la llevó a San Luis Potosí, donde también fue forzada a ejercer sexoservicio.
La mujer quedó embarazada y fue obligada a abortar.
En Izúcar de Matamoros, Puebla, la víctima quedó embarazada nuevamente.
A principios de 2014, la pareja y su hijo, regresó a la Ciudad de México y nuevamente la menor fue explotada sexualmente en las calles de San Pablo, Sullivan y Topacio.
Durante todo ese tiempo, el individuo la obligó a entregarle determinadas cuotas de dinero, a cambio de ver a su hijo, el cual tenía en su pueblo natal, San Pablo del Monte, Tlaxcala, y si la ofendida no le daba la cantidad exigida, la golpeaba.
Las agresiones provocaron que la adolescente acudiera a denunciar el ilícito ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, quien inició la averiguación previa correspondiente y dio intervención a la Policía de Investigación para la localización del imputado.
Después de varios meses de investigación, el 16 de mayo de 2016, personal ministerial y de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al estado de Puebla, donde, mediante oficio de colaboración, lograron la captura del acusado y recuperaron al menor, quien fue entregado a su madre.
A su vez, la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, proporcionó apoyo psicológico, médico y orientación jurídica a la afectada, quien, junto con su hijo, fue trasladada a un refugio de la PGJ capitalina.
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