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Pese a que la revocación de mandato es impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el grupo del PRD en la Asamblea Legislativa contempla este procedimiento en una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto Electoral.
La propuesta es del presidente de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, José Manuel Ballesteros, en la que además queda estipulado la reducción de los distritos electorales (de 40 a 33) y la posible ampliación de una figura denominada Dirección Distrital.
De acuerdo con la iniciativa, que se presentará la próxima semana, se formula la división de circunscripciones de las demarcaciones territoriales, a efecto de establecer la representación de los Concejales por cada Alcaldía.
“Se trata de una iniciativa que armoniza lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México y que garantice imparcialidad de los órganos electorales, la regulación de la concurrencia de competencias entre el Instituto Electoral local y los demás organismos públicos locales electorales”, resaltó.
El proyecto contempla, incluso, retribuciones y prestaciones como el hecho de que los servidores públicos varones tendrán derecho de disfrutar 10 días hábiles con goce de sueldo para apoyar a su pareja en los cuidados inmediatos posteriores al parto.
Mientras que las servidoras públicas en estado de gravidez disfrutarán de una licencia médica, con goce de sueldo por un periodo de tres meses para el parto y su recuperación.
Además, durante el periodo de lactancia, tendrán derecho a dos horas por día durante los primeros tres meses y disfrutarán de una hora durante los siguientes tres, para el mismo efecto.
A lo que no tendrán será a una remuneración económica durante la participación en la organización y desarrollo de los procesos y procedimientos de participación ciudadana. Quienes sí tendrán derecho a recibirla, para compensar las cargas de trabajo, serán los trabajadores del Instituto.
A principios de mes, el consejero electoral Carlos González se pronunció por la obligatoriedad de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México destine por lo menos 20% de su presupuesto público a la educación cívica.
Dijo que para construir una democracia firme se deben destinar recursos para tareas de formación ciudadana; por lo que en la elaboración de la nueva Ley Electoral sería bueno establecer una cláusula en la que quede estipulado que se destinará parte de su presupuesto a actividades que promuevan la cultura e importancia de votar.
“Es construir democracia y ciudadanía y esto sólo se logra con un proceso de formación ciudadana y de empoderamiento en comunidad”, insistió.
En la iniciativa de Ballesteros se estipula que los consejeros recibirán la retribución y prestaciones señaladas en el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral. Su remuneración será similar a la de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; además, recibirán los estímulos e incentivos que acuerde la Junta Administrativa, y se podrán conocer las razones para el otorgamiento o negación de los mismos.
