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phenelope.aldaz@eluniversal.com.mx
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, defendió el programa de fotomultas, declarado por un juez federal inconstitucional debido a que obliga al automovilista a hacer el pago de la infracción sin poder mediar por su defensa.
“El resultado de las fotomultas es claro, es salvar vidas; el objetivo es que tengamos una mejor circulación. Hoy mismo nosotros estamos observando la circulación en el Viaducto, vehículos que están circulando a 80 kilómetros por hora, cuando antes las velocidades promedio en esta vía o en el Periférico no bajaban de 100 o 110 kilómetros”, dijo.
En agosto del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que a siete meses de implementación del Nuevo Reglamento de Tránsito, se registró una disminución de 18.3% en muertes por accidentes viales. Detalló que de diciembre de 2014 a julio de 2015 hubo 421 muertes, mientras que de diciembre de 2015 a julio del 2016, fueron 344 casos.
Mancera precisó que la determinación del juez aun no es definitiva, por lo que el programa se mantiene operando de manera habitual; de ratificarse, se harían las modificaciones correspondientes al programa.
“Primero hay que esperar resoluciones. Las fotomultas siguen funcionando, se sigue operando; la Consejería Jurídica estará pendiente de esto. Son procesos que tienen siempre cambios en la operación o en la normatividad en una lugar como la Ciudad y seguirán haciendo las adecuaciones que se requieran”, dijo.
Contra las garantías. El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva García, determinó que los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de Tránsito, referentes a las fotomultas, violan la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución. Dicha garantía consiste en otorgar a las personas la oportunidad de defenderse, por lo que una foto o video no debe generar una sanción en automático.
“Una foto es solamente un indicio que podría servir para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor, a fin de determinar se debe o no imponer la sanción”, consideró el juez.
Esta resolución, que el juzgador ha emitido en cinco casos, ya ha sido impugnada por el Gobierno de la Ciudad de México, según informó ayer el consejero jurídico, Manuel Granados, quien advirtió que el caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista, en el Zócalo de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno negó que se trate de un revés para su administración, pues sólo se trata de ajustes normativos. “Todo lo se tenga que revisar, será revisado, ahorita no se puede adelantar”, agregó.
