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El Instituto Electoral de la Ciudad de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver lo más pronto posible las impugnaciones contra la Constitución local ya que se podría afectar la organización de los próximos comicios electorales, desde el presupuesto participativo hasta la renovación del jefe de Gobierno, legisladores y delegados.

En entrevista posterior a su informe de actividades del año anterior, el consejero presidente del instituto, Mario Velázquez, comentó que la recién aprobada Carta Magna capitalina incluye reformas como la disminución de distritos uninominales de 40 a 33, lo que traerá consecuencias directas en los tiempos para organizar las elecciones.

“Esto afectará; sin duda generará un movimiento administrativo y jurídico, (…). Y tenemos necesariamente que contar con los elementos legislativos para convocar a las elecciones la primera semana de septiembre, si hoy no hay definición al respecto, se puede generar una tensión para el inicio del proceso electoral”, señaló.

La disminución de distritos uninominales fue impugnada por el Partido Morena local ante la Suprema Corte, pues, supuestamente, habría sobrerrepresentación.

Dijo que actualmente se llevan a cabo los trabajos de redistritación en términos de lo que prevé la primera Constitución de la Ciudad de México.

“Si en un futuro no muy lejano se modifica esta determinación de 33, tendríamos necesariamente que pedirle al órgano nacional que haga una nueva redistritación”

“Esperemos que la Suprema Corte tome las determinaciones en materia electoral y, las que no estén involucradas en la materia, pueden ser susceptibles a un estudio posterior”.

Lo ideal, dijo el presidente del instituto electoral de la Ciudad, es que a finales de mayo estén listas la leyes secundarias en materia electoral, las cuales elaborará la Asamblea Legislativa.

Insistió en que dichas leyes son básicas para la organización de los comicios, por lo que la falta da ellas podrían significar un riesgo.

“En esta circunstancia que hoy se presenta de las acciones de inconstitucionalidad y controversias, me parece que sí puede significar una situación de riesgo y tensión que, materialmente, pudiera no alcanzar los tiempos”, externó.

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