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Debido a que 70% de las quejas ante derechos humanos tienen que ver con corrupción en las cárceles, la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitó al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo, llevar a cabo una auditoría patrimonial a los directores de los Centros de Reclusión que conforman el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Israel Betanzos, coordinador parlamentario del PRI, expuso que los reclusorios de la capital del país incumplen con más de 90 reglas mínimas para el tratamiento de reclusos.
“Los reclusorios de la Ciudad continúan inmersos en la violencia, la drogadicción, la corrupción y los malos tratos; la readaptación y consecuente reincorporación social de quienes purgan una condena no cumplen con sus expectativas”, señaló Betanzos.
Lamentó que a pesar de los esfuerzos de autoridades para controlar todo, la violación del reglamento sólo se entiende cuando custodios cobran o toleran actos irregulares a cambio de alguna gratificación.
Advirtió que urge poner orden a la operación, ya que han sido denunciados custodios, personal administrativo, trabajadoras sociales y hasta abogados por conductas corruptas a cambio de dinero, por lo que es necesario investigar el origen de los ilícitos.
De acuerdo con el diputado local del PRI y el coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social, Carlos Candelaria, en los últimos años el sistema penitenciario ha ejercido por año casi 2 mil millones 500 mil pesos.
“Si consideramos el número promedio de internos estamos hablando que por cada interno se gasta al año 67 mil 638 pesos, situación que hay que resaltar y buscar que este sistema opere de manera correcta”, detalló Candelaria.
Betanzos consideró que quien tenga alguna responsabilidad por actos ilícitos en los reclusorios, debe asumir las consecuencias que correspondan, de ahí la auditoría patrimonial.
