Más Información
metropoli@eluniversal.com.mx
El ex coordinador de la bancada del PRI en la Asamblea Constituyente, César Camacho, afirma que es excesivo que se desgarren las vestiduras por las controversias y acciones de inconstitucionalidad que el gobierno federal promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la invalidez de preceptos de la Constitución Política de la Ciudad de México.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también líder de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados señala que es ingenuo pensar que no habría impugnaciones, pues son mecanismos previstos en “un sistema constitucional de frenos y contrapesos”.
Añade que los ex constituyentes priístas “no se rajan” de lo que aprobaron y lo que detuvieron en los trabajos de la Asamblea Constituyente y admite que hay contenidos que votaron a favor, los cuales ahora podrían ser inconstitucionales, por lo que asumirán la responsabilidad correspondiente.
Sostiene que la Constitución local no está en riesgo, sino sólo en un momento de revisión, y acatarán lo que diga la corte. Camacho Quiroz rechaza que se orqueste un ataque político a la capital pues “la primera evidencia de la voluntad política del presidente Enrique Peña para que la Ciudad de México tuviera una Constitución fue impulsar en el Pacto por México este compromiso”.
Si tuvieron voz en la Constituyente, ¿porque ahora surgen impugnaciones de Presidencia y la PGR?
—La tuvimos y la expresamos, advertimos inconsistencias de las normas al punto que votamos en contra, de suerte que postulamos una idea diferente pero no prosperó en cuestiones como revocación de mandato, la nulidad de una elección, el Consejo Judicial Ciudadano, el control constitucional y convencional de los derechos humanos, la regulación en materia de agua. De suerte que, aunque parezca un lugar común decirlo, se los advertimos, pero entendimos y acatamos la decisión.
¿Están satisfechos de su actuación?
—Profundamente. Para decirlo coloquialmente: No nos rajamos de lo que hicimos, de lo que fuimos capaces de obtener, como perfeccionar el Instituto de Planeación y que haya un recurso para infraestructura en las delegaciones; de lo que pudimos detener como la plusvalía, y también consideramos que algunos de los planteamientos que contienen las controversias o acciones no van a prosperar.
De prosperar las impugnaciones, ¿qué va a pasar con la Constitución?, ¿será viable?, ¿se tendría que hacer otro Constituyente?
—Se va a mantener la Constitución, por ejemplo, yo creo que el planteamiento de PGR, de impugnar la Constitución completa, no va a prosperar. Si hay asuntos que se tilden de inconstitucionales esa figura concreta no entrará al mundo jurídico, pero habrá normas que se encarguen de llenar los vacíos en términos de la Constitución federal. La Ciudad de México tiene y tendrá su Constitución. Seguimos afirmando que se trata de una buena Constitución, de vanguardia.
¿Las impugnaciones son un revés a la Constitución local?
—En caso de prosperar son un revés a la propia Asamblea Constituyente y absorberá el golpe quien las haya votado, pero eso ocurre en el Congreso de la Unión si expedimos una ley que la Corte tilde de inconstitucional. Es parte o expresión de este equilibrio de poderes que es sano en una república democrática.
¿Qué parte del golpe absorbería el PRI?
—Hay cuestiones que nosotros mismos votamos en las que, después de una revisión, quizás habría que hacer una admisión de responsabilidad o culpa: Legislar en materia de justicia para adolescentes, el parlamento metropolitano, emitir tabuladores de servidores —porque no es competencia del jefe de gobierno, sino del congreso local—, legislar en materia del patrimonio de la Ciudad, porque es quehacer del Congreso de la Unión o las reglas para la ejecución de penas. En un primer análisis son algunos de los aspectos que votamos a favor y que en esta revisión “a toro pasado” eventualmente habría que ver.
¿El PRI se supeditó a la controversia de la Presidencia?
—Nadie se supedita a la Presidencia, nos supeditaremos todos a la corte, vamos a ver qué dice la corte. Insisto que legislar es un quehacer humano. Tendremos que asumir políticamente el error, si así fuera, en los temas que votamos y sean declarados inconstitucionales, pero también habremos acertado en aquellos que desde el inicio calificamos así.
Se ha dicho que hay un ataque político y una afrenta a la democracia en la capital…
—Me parece que son expresiones retóricas, primero porque se trata sencillamente de un mecanismo constitucional de frenos y contrapesos, no hay agravios a la Ciudad ni a la democracia, estos son mecanismos de los que se han echado mano, revela un poco de soberbia de quiénes lo dicen, ¿a título de qué suponen que el trabajo de la asamblea constituyente no está sujeto a control constitucional? Lo cierto es que cuando la Corte se pronuncie, no puede haber cambio. Ahora el PRI ya se prepara con su bancada en la Asamblea Legislativa para debatir y presentar las iniciativas que correspondan y en el Congreso de la Unión nos preparamos para expedir la legislación relacionada con el fenómeno metropolitano, eso nos toca a nosotros.
¿La Constitución se encuentra en un momento crítico?
—No, la Constitución se encuentra en una revisión de las partes que fueron impugnadas. Lo que me parece es un despropósito es este desgarramiento de las vestiduras por recurrir a la corte. Son controversias y acciones constitucionales que tienen como propósito revisar el apego de esta norma en la capital a la Constitución federal.
¿Tienen temor de que el contenido de la Constitución local se replique en otros estados?
—Si se va a replicar el contenido progresista, ampliador de derechos, generador de bienestar, bienvenidas las multiplicaciones, además, cada Constitución de los estados tiene en su propio cuerpo el mecanismo para su cambio.
¿Qué opina de que Porfirio Muñoz Ledo dijo que las impugnaciones van a fracasar?
—Si esa fuera su convicción, no tendría que preocuparse y, en consecuencia, sería exagerado todo lo que ha dicho. Mi opinión es que prosperarán algunas y otras no. Aunque los asuntos se van a la corte, es un debate propio de un país democrático.
