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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo federal, advierte que al impugnar la Constitución de la Ciudad de México, el mandatario Enrique Peña Nieto defiende la Constitución General de la República a fin de hacer prevalecer el orden constitucional del país. “No es un ataque político”, ataja.
En entrevista con EL UNIVERSAL subraya que la controversia y la acción de inconstitucionalidad son mecanismos democráticos, por lo que demanda que este tema se aborde jurídicamente y no desde la arena política.
Revela que durante el proceso legis-
lativo tuvo comunicación con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y con los partidos con representación en la Asamblea Constituyente para exponer sus preocupaciones sobre la posibilidad de invasión de facultades, pero que al final algunos preceptos prevalecieron y por ello el Ejecutivo hoy recurre a la Corte.
¿Esta controversia es un ataque político desde la Presidencia contra la Ciudad de México?
—Por supuesto que no. Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad tienen el fin de dar certeza jurídica y de utilizar un mecanismo democrático para defender la democracia regida por la Constitución, es nuestro ordenamiento jurídico máximo y todas las normas inferiores se deben ceñir a ella. Lo que sería antidemocrático es cerrar los ojos a una violación constitucional.
¿Qué diría a quienes consideran a este recurso un ataque al avance democrático de la CDMX y del país?
—Que la democracia se funda en el sistema jurídico que nos hemos dado los mexicanos cuya base es la Constitución federal, si ésta establece la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional para hacer un ejercicio de contrapesos y fortalecer la democracia, lo que es el cumplimiento de la democracia es interponer estas acciones, no hacerlo no abona a la democracia. Que resuelva la Corte.
¿El recurso interpuesto por la Consejería Jurídica se empata con los presentados por la PGR, la CNDH o el Senado?
—No son iguales. La PGR tiene la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad respecto de normas federales, tratados internacionales, normas locales y de carácter municipal, la controversia constitucional se limita a la invasión de facultades. Algunos conceptos coinciden en cuanto a que la PGR reclama invasiones, pero también otros contenidos que no se podían reclamar en la controversia. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México también estaba obligada a no violentar, por ningún motivo, la Constitución General de la República.
¿Qué pasó, se legisló mal, hubo un desaseo legislativo, el Ejecutivo tenía designados diputados constituyentes y había una representación del PRI y aún así avanzó?
—Hicieron esfuerzos importantes para construir, quizá lo que faltó fue reflexión en algunos puntos que pudieran ir contra la Constitución general.
¿Faltó comunicación durante el proceso legislativo?
—Creo que no, hubo la comunicación que tenía que haber, se expusieron los puntos de vista, hicimos nuestras observaciones, se las hicimos a los partidos, posesionaron que habría invasiones de facultad.
El Ejecutivo hizo valer sus observaciones en el proceso legislativo.
—Por conducto de los representantes del Ejecutivo y yo platique con otros actores políticos.
¿Faltó operación política?
—Desde el punto de vista político hubo una gran responsabilidad de todos los integrantes de la Asamblea Constituyente para sacar en tan poco tiempo una Constitución tan amplia, se hicieron las observaciones, salió como salió y por tanto se están interponiendo las controversias y las acciones con el único fin de dar certeza jurídica sobre los contenidos.
¿En este proceso platicó sus preocupaciones con el jefe de Gobierno?
—Platiqué con muchos actores políticos de la Ciudad de México desde antes de la iniciativa que presentó el jefe de Gobierno.
¿Pero hubo diálogo con él?
—Yo hablo continuamente con el jefe de Gobierno, le exprese preocupaciones antes de su iniciativa sobre algunas posibles invasiones de esferas competenciales, entiendo que algunas se pudieron haber tomado en cuenta, otras no... pero de que hubo diálogo político lo hubo.
Decir que es un ataque a la Ciudad de México es no reconocer que el artículo 105 de la Constitución establece con toda claridad quiénes están legitimados para interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, porque una democracia vive de pesos y contrapesos y no hay una autoridad que esté exenta de revisión en cuanto a sus actos de la legalidad y de la constitucionalidad.
¿Después de las impugnaciones, sirve la Constitución de la CDMX?
—La reforma política no es cierto que haya sido un logro sólo de la Ciudad, viene del Pacto por México firmado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los partidos mayoritarios en el Congreso.
¿La Ciudad de México tendrá una Constitucional funcional?
—Espero que sí, como ha sucedido con todas las leyes que han sido materia de acción de inconstitucionalidad y controversia. Yo creo que va a haber Constitución de la Ciudad de México funcional y me parece que hay que esperar a lo que diga la Corte.
¿Nadie debe asustarse?
—Nadie debería asustarse, al contrario, deberían aplaudir que sea la Corte quien resuelva. No es un tema político, hay que sacarlo del ámbito de lo político y meterlo al jurídico, a nadie benefician los dimes y diretes.
No queremos que se invaliden las normas, sino que se respete el orden constitucional.
