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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH), Perla Gómez Gallardo, dio a conocer que defenderá la Constitución que se busca implementar en esta ciudad, después que esta fuera cuestionada con cuatro acciones de inconstitucionalidad, dos controversias y una impugnación del Senado.

Calificó estos actos como “una embestida a la conquista de derechos que se está logrando con la Constitución capitalina”, pues, dijo, el trabajo para su realización fue abierto y transparente.

En este sentido, dijo que la Constitución Capitalina es “de avanzada”, sin tantos fallos como la federal, la cual recordó tiene un error grave en lo que a respeto de los derechos humanos se refiere, como el arraigo, algo que, dice, posiblemente pueda molestar a ciertos sectores de la política y que de ahí deriven las inconformidades.

“No compartimos ese criterio, lo vamos a ir a litigar también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN], que escuche los criterios que estamos manejando. Nos preocupa todo el apartado donde determinan que por qué la Constitución de la Ciudad de México nos da más derechos que la Constitución federal; no olviden, incluso la Constitución federal tiene una violación grave a derechos humanos con el arraigo”, precisó.

“Y ahora resulta que una Constitución local que es de avanzada y que ensancha derechos, quieren negar la capacidad que tengan los capitalinos y capitalinas, para darse los derechos humanos ensanchados que merecemos. Entonces sí vamos a dar esa batalla, sí vamos a presentar los argumentos que se consideran en los estándares internacionales, sí pedimos en la transparencia que se abran esos documentos para el debate público”, esgrimió Gómez Gallardo al ser cuestionada sobre el tema.

De igual manera pidió legalidad y transparencia en este proceso al explicar que las impugnaciones fueron desde el viernes y no fue hasta una semana después que se enteraron a través de los medios de comunicación; sin embargo, confía en los jueces federales la analicen a detalle y de aquí al 17 de septiembre de 2018, cuando entre en vigor, la situación se resuelva en beneficio de los capitalinos.

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