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La Constitución de la Ciudad de México no invade facultades federales, por lo que las controversias que se han interpuesto lo único que demuestran es una falta de lectura del propio documento, afirmó el consejero jurídico, Manuel Granados Covarrubias.
“Yo creo que ha hecho falta más lectura de la propia Constitución para saber que no hay, bajo ninguna circunstancia, una contravención o una disposición contraria a la legislación federal”, sentenció el funcionario.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Granados Covarrubias consideró que las impugnaciones, más allá de un tema personal o político en contra del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo que reflejan es una “falta de respeto a la sociedad capitalina” y de desconocimiento sobre los derechos que en la ciudad ya se tenían garantizados a través de leyes locales.
—¿Lee un tinte político de quienes han interpuesto las controversias?
—Hay un esquema en donde finalmente hay un ataque, como lo ha dicho el propio jefe de gobierno ; hay un esquema de, otra vez, ir en contra de los derechos de la Ciudad, entonces eso no es casualidad. Francamente lo que estamos haciendo nosotros, desde mi cancha, me corresponde lo legal; el PRD dijo hoy [ayer] que se suma a este esquema de defensa de la Ciudad, ha convocado a movilizaciones para la defensa de la capital del país, lo mismo que otros partidos políticos; las organizaciones sociales también estarán convocando a la defensa de los derechos de la ciudad, que ellos mismos propusieron en la redacción del texto.
“Recordemos que más de 480 mil personas participaron en Change.org con propuestas para integrarlas a la Constitución”, expuso.
El consejero jurídico confirmó que el viernes de la semana pasada el Gobierno de la Ciudad de México fue notificado sobre las controversias interpuestas por la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como los partidos Nueva Alianza y Morena. Para dar respuesta a las mismas se cuenta con un plazo de 15 días.
El consejero precisó que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se argumentará “que no se incurre bajo ningún término en situaciones de inconstitucionalidad, porque en el tema de los derechos que reconoce la Ciudad son derechos en los que la propia Corte ha señalado que deben de ser progresivos; es decir, que nunca se deben disminuir éstos sino ampliarlos”.
Manuel Granados explicó que desde el gobierno capitalino se defenderá el texto constitucional que se otorgó a los capitalinos en “legítimo derecho y bajo un proceso democrático” a través de la Asamblea Constituyente.
“La Constitución de la Ciudad fue aprobada por mayoría calificada, eso quiere decir que tuvo que ser aprobada por dos terceras partes de la Asamblea Constituyente —ningún partido político, por sí mismo, pudo haber logrado eso—; por tanto, cada uno de los artículos fue aprobado por mayoría calificada, eso quiere decir que hay un grado de legitimación alto.
“Sumados dos partidos no pudieron haberlo hecho, se requerían por lo menos el conjunto de tres fuerzas políticas para poder aprobar la Constitución. En todas las fuerzas políticas hay abogados, hay juristas, hubo especialistas en la materi; es decir, ahí también estuvo la representación de quienes hoy impugnan esta Constitución capitalina”, enfatizó.
El abogado de la Ciudad de México precisó que en tanto se realiza la defensa ante la Corte, es necesario que la Asamblea Legislativa continúe con el proceso en torno a las leyes secundarias, pues la propia Constitución establece como fecha límite, por lo menos en lo que refiere al rubro electoral, el mes de mayo.
“Hay que seguir en el proceso, porque si bien se tiene como fecha límite mayo para reforma electoral, también es cierto que no está previsto en la Constitución a qué autoridad hay que acudir para que se adecue la Constitución en caso de que así lo determine, es problema constitucional de fondo. Por eso, [con las controversias] lo único que se genera es un desconcierto, es un estatus diferenciado a la capital del país”, agregó Manuel Granados, encargado de definir la estrategia de defensa jurídica.
